Diputados aprobó la normalización de la Caja de Servicios Sociales

Caja de Servicios Sociales

Caja de Servicios Sociales: Caleta Olivia (Agencia) Lo hizo con modificaciones al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, tomando algunas propuestas presentadas por los gremios y la oposición.
“Los recursos destinados a la Caja de Servicios Sociales por Ley y aportes del Poder Ejecutivo Provincial, estarán excluidas de las cuentas del FUCO”, entre las modificaciones más significativas. Destacaron que “la gobernadora Alicia Kirchner cumplió con su palabra de normalizar la obra social estatal”.

Este jueves, en el marco de una nueva Sesión Ordinaria, y luego de diversas reuniones con las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores, la Legislatura Provincial aprobó, con modificaciones, el proyecto de Ley que reestructurará la Caja de Servicios Sociales y que fue remitido por el Poder Ejecutivo Provincial el pasado mes de Julio.

Luego de diversos cuartos intermedios para analizar las modificaciones que fueron sugiriendo los legisladores, algunas de ellas basadas en propuestas de las organizaciones que representan a trabajadores y trabajadores, el presidente del Bloque del Frente para la Victoria – Partido Justicialista, Matías Mazú, destacó que con la sanción de esta Ley “la Gobernadora Alicia Kirchner cumplió con su palabra de normalizar la obra social estatal”.

De esta manera, se acordó que la CSS “funcionará como entidad autárquica, con capacidad para actuar pública y privadamente”, siendo “obligatorio el ingreso a la misma para el personal en relación de dependencia de los tres poderes del Estado Provincial”, a la vez que “tendrá vinculación funcional con el Poder Ejecutivo Provincial por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente”.

Beneficiarios

La cobertura abarcará “todas las actividades prestacionales de índole médico asistencial, no prestacional en materia de funcionamiento y/o logística y acción social para agentes en actividad o pasividad”; además de aquellos que adhieran al régimen como voluntarios provenientes de sectores de la actividad privada”.

Para ello “proporcionará a los beneficiarios del sistema, las prestaciones médico-asistenciales y de acciones socio-económicas o crediticias que establezcan las leyes vigentes y el Directorio, mediante el dictado de las disposiciones correspondientes, según los regímenes y teniendo en miras los objetivos y fines expuestos en la presente Ley”.

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El Directorio estará integrado por un Presidente y cuatro Vocales, de los cuales el Presidente y dos Vocales serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial. Los otros dos Vocales, serán elegidos por los afiliados de la Caja y representarán a trabajadores titulares activos y titulares pasivos. Su duración en el mandato será de dos años, pudiendo ser reelectos.

Dentro de las modificaciones, en el marco de las prohibiciones establecidas para ser parte del Directorio, se incorporó que también se excluirán “aquellas personas que estén incluidas en el registro de deudores alimentarios, el Registro de Personas Violentas y/o el Registro de Abusadores Sexuales”.

También que el Directorio deberá dictar su propio Reglamento.

Respecto de su financiamiento, se estableció “los recursos destinados a la Caja de Servicios Sociales por Ley y aportes del Poder Ejecutivo Provincial, estarán excluidas de las cuentas del FUCO”, y contará con recursos que provengan de aportes de afiliados en actividad, afiliados en pasividad, entre otros.

Los beneficiarios serán el cónyuge o conviviente igual o mayor a dos años; los hijos e hijas hasta los 18 años de edad o hasta los 21 años inclusive si se encontraren cursando estudios de nivel secundario o hasta los 26 años inclusive, si se encontraren cursando estudios de nivel terciario y/o universitario; hijos e hijas incapacitados o discapacitados a cargo del beneficiario directo titular, cualquiera fuere su edad; el padre y/o la madre, mayor de 65 años y los incapacitados o discapacitados de cualquier edad a cargo del beneficiario directo titular; entre otros.

Cabe destacar que el plazo que el Poder Ejecutivo tendrá para convocar a elecciones para la integración de los cargos electivos del Directorio, e igual número de suplentes, será de 180 días.

 

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