Agente penitenciaria fue violada por dos superiores en la cárcel y la echaron

La agente denunció que había exigido condiciones mínimas para trabajar: agua, luz y un baño. Como respuesta, sus jefes la ultrajaron, la amenazaron para que no los acuse y finalmente la despidieron. Ocurrió en el penal de Coronda, en Santa Fe.

Una agente penitenciaria denunció que vivió un calvario en la Cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe. La mujer manifestó que fue golpeada y violada por dos de sus superiores, y donde finalmente, fue despedida.

Campaña contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo

Posted by Siprus on Tuesday, October 29, 2019

La víctima, de 39 años, afirmó que el ultraje se produjo en junio 2017 en una precaria garita a la que había sido asignada en aparente represalia por haber pedido licencia psiquiátrica. Las dos personas acusadas, según informó Rosario 12, eran quienes dirigían ese momento el establecimiento.

La mujer dijo que en ese momento fue amenazada con hacerle “algo” a su familia, cuando les dijo a los agresores que los iba a denunciar. Pocas semanas atrás, la denunciante fue suspendida por haberse ausentado por un problema de salud, a pesar de haber presentado certificados médicos que fueron ignorados, y finalmente cesanteada.

Según contó la suboficial a Rosario12, que al cabo de una licencia por depresión y stress postraumático originado por la labor penitenciaria, volvió a trabajar por prescripción psiquiátrica. “Vi que había mala predisposición hacia mí, así que hice todo lo que me ordenaban, aceptaba todo para no tener ninguna sanción. Un día me mandaron a un sector que todavía no estaba terminado. Estuve mucho tiempo sin luz, sin agua, sin baño. Reclamé, porque tenía que cumplir los horarios de mi medicación y pedí que conectaran el agua y terminen el baño. Nunca lo hicieron. Aguanté como pude.

Y agregó: “Esos dos compañeros míos (E.S. y P.M.) después tomaron la Dirección, entonces otra vez manifesté mi reclamo por razones de salud. Me respondieron que hiciera mis necesidades en una botella. Entonces dije ‘no molesto más’, porque mi prioridad era mi trabajo. Me pusieron un foco y un enchufe, entonces traje una estufa de mi casa porque el frío era tremendo. Pedí que pusieran teléfono, porque si hubiera una fuga yo no tenía cómo avisar”, describió la denunciante, que cuya identidad se mantiene en reserva.

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“Un día vinieron de recorrida, los vi pasar por la ventana. Me pareció raro que no lo hicieran con una empleada mujer, como dice el reglamento, pero intenté tranquilizarme y pensar que eran compañeros. Abrieron la puerta de un empujón. Como eran mis superiores me puse de pie. Ellos empezaron a hablar y M. me preguntó si esa estufa era mía. Y desde atrás me tiró del cuello de la campera y me la bajó hasta los brazos, me paralizó. El otro, me arrancó el botón del pantalón y me rompió el cierre. Y ahí me hicieron… lo que le conté a mi abogado. Intentaba gritar pero no me salía la voz”, indicó.

Finalmente, “forcejeé para tirarme al piso. No tuve escapatoria, me agarraron del cuello, las piernas. Me dejaron tirada. M. me pateó la espalda, los tobillos y se fueron riéndose. Luego escuché que estaban afuera. Me acomodé la ropa y salí. Les dije que los iba a denunciar. M. me dijo que si denunciaba me iban a hacer desaparecer a mí y a mi familia. Me dijeron: ‘No te olvides que tu marido trabaja en la cocina, con presos y cuchillos’. Cuando fui a contarle a la secretaria, ella me dijo ‘acá las cosas son así'”.

En esas circunstancias contrajo una infección urinaria por la que un día no pudo ir a trabajar. Avisó por teléfono y luego llevó certificado médico. La administración del SPSF ignoró el aviso y le abrió un sumario administrativo por supuesta falta injustificada. En 24 horas ya la habían suspendido.

“Ella intentó hacer varias denuncias administrativas, pero la amenazaron y cumplieron: la despidieron por decreto. El 24 de octubre denunció el abuso en la Comisaría de la Mujer, en Gálvez. Ella está desempleada, por eso presenté un recurso para que sea reincorporada. Mientras tanto, uno de sus agresores dirige la Unidad Penal N°6 en Rosario y el otro está gozando de sus vacaciones”, anticipó Martín Mazzeo, abogado patrocinante de la víctima. “No se puede creer que haya pasado algo así en un ámbito de trabajo, máxime con la función de ambos. Si la pusieron en disponibilidad por una supuesta falta sin aviso, qué tendrían que hacerle entonces a dos directores con la imputación de delitos tan graves”, inquirió.

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