Imputaron a Patricia Bullrich por supuesta persecución a los mapuches

El fiscal federal Franco Piccardi impulsó una causa contra la ministra de Seguridad por espionaje ilegal contra la comunidad mapuche.

El fiscal federal Franco Piccardi promovió una causa contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y otros funcionarios para determinar si “se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones” para perseguir en forma ilegal a la comunidad mapuche.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) llevó adelante la denuncia contra Bullrich y también contra Pablo Noceti, secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales y ex jefe de Gabinete de la ministra; Gonzalo Cané, quien ocupó el mismo cargo, y Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior y hoy titular de la unidad de coordinación general.

Todos ellos deben ser investigados, según el dictamen, por presuntamente haber dado “órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras”, en la Patagonia.

Piccardi agregó que el accionar de la ministra pudo haber tenido como objetivo “resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno”. Y agregó, “La planificación ilícita aludida tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno”, añade el extenso dictamen.

El fiscal destacó que: “La investigación deberá dilucidar si se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del ‘RAM’ una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede”.

Mediante la creación artificial de la RAM , añadió el fiscal, se pudo haber pretendido “justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten”.

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El fiscal reclamó “establecer si mediante un acuerdo entre los funcionarios, una vez producidos hechos ilegales y/o incluso muertes luego de las actuaciones presuntamente irregulares por ellos promovidas, han utilizado los recursos estatales a su disposición para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso, encubrir su responsabilidad en las mismas así como las de miembros de las fuerzas de seguridad e instalar versiones falsas e inexactas de los sucesos acaecidos”.

La APDH denunció la “existencia de un plan criminal contra las comunidades mapuches, con la presunción que el mismo fue elaborado desde las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

El fiscal Piccardi también hizo mención a la muerte del artesano Santiago Maldonado.

“Se produjeron sucesos que llamaron la atención tanto de la familia del joven como de otros integrantes de querellas en relación a que podrían haber sido vigilados por personas pertenecientes a fuerzas de seguridad que no contaban con orden judicial para desarrollar tales diligencias”, sostuvo el fiscal. y agregó, “Ello “merece especial atención en tanto su papel de parte en el expediente en cuyo marco se debe determinar lo actuado por la Gendarmería Nacional en el Pu Lof Cushamen”.

Luego de que la imputación tomara estado publico la ministra Bullrich hizo su descargo a través de su cuenta de Twitter: “Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar”.

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