La derecha chilena se abre para dialogar sobre un cambio constitucional

El estallido social chileno ha llevado a toda la clase política a replantearse las falencias de fondo del sistema político y económico, incluso en los sectores más conservadores del país.

Las protestas masivas en Chile ya llevan casi dos semanas. Estas han dejado en evidencia el descontento social generalizado, que apunta sus dardos principalmente a la desigualdad económica y de oportunidades. La gente que sale a protestar con sus cacerolas suele tener peticiones similares, con pancartas y letreros que le exigen a toda la clase política mejoras al sistema de pensiones, de educación y de salud pública, entre otras cosas.

Otro de los temas que la ciudadanía pide a gritos en las calles es realizar una Asamblea Constituyente (AC), mecanismo de participación popular que permitiría iniciar una acción para cambiar la Constitución, creada en 1980. Esta rige actualmente en el país y fue impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, redactada por juristas conservadores de la élite chilena. Si bien ha sufrido modificaciones en gobiernos anteriores, la ciudadanía parece exigir cambios aún más profundos.

En 1990, tras el regreso a la democracia, el tema de cambiar la Carta Magna diseñada durante un sistema antidemocrático fue uno de los grandes deseos de la oposición. Sin embargo, solo se logró hacer una reforma durante el mandato de Ricardo Lagos, en 2005, dado que faltaba quórum para realizar cambios más relevantes en ella. En la actualidad el escenario parece ser distinto. La centroderecha chilena, al ver las demandas de la ciudadanía a lo largo del país, se ha abierto a dialogar con la oposición para analizar la posibilidad de una nueva Constitución.

En Santiago, en las comunas más ricas de la ciudad -como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea-, el malestar social también se ha trasladado a la calle. En estos sectores vive gente con altos ingresos, no obstante, ellos también han salido a protestar con cacerolazos para demostrar su descontento con el sistema actual.

El presidente del partido de centroderecha Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, ya había indicado a la radioemisora chilena Cooperativa que “es cada vez más fuerte, la idea instalada de que hay que revisar la Constitución, con un ánimo responsable de buscar una nueva Constitución, eso es legítimo y yo creo que hay que conversarlo”. Afirmó: “Creo que es un tema que está instalado entre las demandas de la ciudadanía, y nuestro partido no tiene problema en conversarlo. Mi partido está abierto a dialogar, a sentarnos en la mesa con la oposición y ver cuáles son las posibilidades. Yo no le tengo miedo a la democracia”.

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En tanto, el Senador Manuel José Ossandón, perteneciente al mismo sector político, ya había dicho previamente que “si hay que cambiar la Constitución, hay que hacerlo, porque el 90 por ciento de los chilenos así lo quiere”.

Ossandón explicó que “cambiar el marco regulatorio entre el Estado y la ciudadanía jamás ha sido un dogma, menos ahora. Además, nunca he creído que la Constitución obedece a una ideología y, como tal, si establece un nuevo pacto social me parece un camino coherente. Un cambio constitucional nos sirve para sentar bases sólidas de lo que hoy la gente pide a gritos: mayor igualdad, castigar los abusos, establecer un nuevo pacto que nos permita conocer y arreglar los errores del pasado”.

La oposición ya comenzó a moverse en función de una nueva Carta Magna. Por ejemplo, el presidente del Senado, Jaime Quintana (Partido Por la Democracia), e Iván Flores (Democracia Cristiana), presidente de la Cámara de Diputados, han asegurado públicamente que la solución al problema de fondo es crear una nueva Constitución. En ese sentido, sectores de la oposición ven con buenos ojos que parte de la derecha quiera sentarse a conversar al respecto.

Fernando Atria, abogado constitucionalista cercano al Partido Socialista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explica que la apertura de la derecha a dialogar “es un avance. Da cuenta de que algo importante está ocurriendo en Chile. Se está manifestando un rechazo a la forma política que creó la Constitución de 1980 y algunos sectores de la derecha están empezando a ver que esto tiene costos. Las aperturas iniciales aún no son suficientes, pero muestran un desarrollo que es digno de ser observado. Ahora, yo creo que estas aperturas al diálogo de la derecha están sujetas a la forma política fijada por la actual Constitución, y eso significa que el problema no se va a solucionar. Habrá que ver cómo evoluciona”.

 

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