Dictamen de Justicia electoral anula validez de "arrepentido" por no tener un registro legal

El fiscal federal Jorde Di Lello pidió el sobreseimiento para los imputados por presuntos aportes irregulares para la campaña del kirchnerismo, en una de las causas deprendidas de la de los Cuadernos que lleva el juez Claudio Bonadio.

En el dictamen que presentó este jueves ante la jueza María Romilda Servini, el fiscal cuestinó como inválido el testimonio como “arrepentido” del ex secretario de Obras Públicas José López en tanto la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli no cumplió con el requisito legal de registrar la declaración en audio y video.

De generalizarse, el planteo haría que se caiga toda la causa de los cuadernos, ya que el procedimiento seguido por Stornelli y convalidado por Bonadio, es común a todas las declaraciones de arrepentidos

Di Lello planteó que en estos casos no se cumplieron los artículos 6 y 7 de la Ley del Arrepentido que señala explícitamente que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.

Además la ley plantea que se debe registrarse qué pruebas existen en contra del declarante y qué hechos se le imputan de manera delimitada. Al no cumplirse con estos requisitos, el testimonio de López no podría ser considerado como válido. De extenderse el criterio a los testimonios de empresarios y funcionarios que declararon en la investigación de los cuadernos, se desmoronaría instantáneamente la causa principal que se presentó como de lucha contra la corrupción en el gobierno anterior.

“Más allá de que en la etapa oral se escuche nuevamente al arrepentido, nada podría haber sido más fidedigno a su situación de modo, tiempo y lugar que la reproducción de los medios técnicos que no se usaron”, explicó Di Lello en su dictamen. También destacó que por no haberse cumplido con el requisito de registro audiovisual no es posible constatar la “voluntariedad” de la declaración. “En un Estado de derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes”, remarca.

El fiscal también se refirió al origen de la causa cuadernos, señalando que “lo relatado da cuenta de que el titular del Juzgado Federal nº 11, habiendo tomado conocimiento de una denuncia por presuntos hechos distintos a todos aquellos que tenía a estudio –según el mismo aludió-, se arrogó la jurisdicción sobre la nueva investigación”, en lo que constituye una crítica a Bonadio, que logra quedarse con la totalidad de la causa sin seguir los criterios de la Cámara Federal, apenas argumentando “conexidad subjetiva” de los imputados.

Respecto de la desaparición y reaparición reciente de los cuadernos originales, Di Lello consideró que “corresponde estudiar con la prudencia y precisión jurídica que requieren estas cuestiones, la admisión de que una investigación se funde en elementos probatorios cuya comprobación fáctica resulta imposible, al menos hasta ahora”. El fiscal denuncia que hasta el momento, “la prueba de cargo resultó ser un relato escrito en unos cuadernos cuya materialidad es ontológicamente inexistente, los cuales nunca estuvieron en poder del Tribunal, pero sus fotocopias se convirtieron en un elemento histórico incontrovertible para el avance de la investigación”. Además, remarca que las idas y vueltas del ex chofer Oscar Centeno no lo fortalecen como testigo confiable.

En base a estas consideraciones, el fiscal pidió el sobreseimiento para los ex funcionarios José Ottavis, Eduardo “Wado” de Pedro, Andrés Larroque, Julián Álvarez, y Máximo Kirchner, junto con el empresario Sergio Szpolski, y los radicales Ricardo Ivoskus, y Enrique “Japonés” García, solicitando también que sean anuladas sus respectivas indagatorias ante Bonadio.