La Oficina de Derechos y Garantías presentó un amparo para que se restituya la Educación como un Derecho Humano

En la mañana de ayer, la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de Comodoro Rivadavia presentó una acción de Amparo con solicitud de MEDIDA CAUTELAR ante el Juzgado de Familia.

El objeto de la presentación es que se garantice la Educación como un Derecho Humano Fundamental, encontrándose afectados los niveles educativos de nivel inicial, primario, secundario, especial y EPJA (Escuela para jóvenes adultos mayor a 15 años), dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut, ante los reiterados incumplimientos y falta de medidas concretas y efectivas para solucionar la crisis educativa actual.

La medida solicita en primer término que “se ordene al Poder Ejecutivo Nacional, que asista financieramente al Gobierno Provincial ante la falta de recursos económicos destinados a la educación, para el pago de los salarios del personal docente, en tiempo y forma”.

Como segundo planteo, solicita a la Justicia que “se ordene al Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut, la presentación de una planificación para la recuperación de contenidos del sistema educativo público del ciclo lectivo 2019”.

Asimismo, la Oficina pide que “se ordene a la Delegación de Obras Publicas de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento  y Servicios Públicos de la Provincia de Chubut, la presentación de un informe sobre las condiciones edilicias actuales de la totalidad de los establecimientos educativos de la ciudad de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly”.

Por último, solicita que “se ordene crear una Comisión de Trabajo intersectorial e interdisciplinaria, que tendrá por objeto realizar el seguimiento de las medidas ordenadas” en los puntos anteriores. Dicha comisión deberá estar integrada, según expresa la medida, por representantes de los gremios, del Gobierno tanto nacional como provincial, de los padres autoconvocados, de estudiantes, de legisladores nacionales y provinciales, y de distintos actores del sector profesional y académico.

Además de señalar el incumplimiento en las obligaciones salariales, el planteo hace hincapié en las condiciones edilicias de las escuelas que ya habían afectado la actividad desde antes del reclamo de docentes, personal operativo y auxiliar.

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La presentación judicial fue fundamentada con antecedentes que obran en esta Oficina luego de agotar todas las instancias de intento de diálogo, de solicitar informes y de recorrer las distintas instituciones afectadas por las medidas de fuerza ante el incumplimiento en el pago de los salarios en tiempo y forma.

La semana anterior, esta Oficina había presentado una ampliación de un habeas data solicitando al Gobierno informe el estado de las condiciones edilicias en las escuelas de esta ciudad.

Entre los antecedentes, se destaca que la comunidad educativa se compone de 132 establecimientos, y afecta por la falta de financiamiento a 42.334 alumnos de la Región VI, lo que se replica en la toda la Provincia.

“Específicamente en la Ciudad Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, respecto del nivel inicial podemos referir que 6488 niños han visto vulnerado su acceso a la educación desde que se inició el conflicto. En cuanto a los niños de Nivel primaria, de acuerdo a Supervisión Seccional región VI, se trata de un total de 17.911 mientras que en el nivel secundario se vieron afectados 17.935 alumnos incluyendo EPJA (escuelas para jóvenes y adultos)”, sostiene la presentación.

Y, en ese sentido, apunta: “los números impactan, pero detrás hay niños, niñas y adolescentes de 4 a 18 años de edad, que concurren a las escuelas siendo los principales espacios donde adquieren las competencias cognitivas y sociales, y además los hábitos, rutinas e incluso en una gran parte de los casos completan carencias afectivas y nutricionales. En estos espacios ejercen sus derechos a la educación, a la salud, a la recreación, y encuentran el sostenimiento de los demás derechos que los forman en su crecimiento”. Por lo expuesto, esta Oficina sostiene que se encuentran totalmente vulnerados por el Estado Provincial y actualmente por el Estado Nacional, como garante del servicio de Educación conforme lo establece la legislación vigente.

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