Emergencia en los servicios públicos
En otro orden, en la sesión de ayer los diputados aprobaron por un año la emergencia en los servicios públicos, un proyecto de la diputada del PJ-FpV, Gabriela Dufour que establece que durante el proceso de emergencia deberán evitarse efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, respetando siempre los derechos de los trabajadores en materia laboral, obra social, como así también deberá garantizarse la plena vigencia en todo el ámbito de aplicación de los Convenios Colectivos.
El artículo tercero que no fue acompañado por el bloque Cambiemos declara la intangibilidad de fondos, recursos, bienes e insumos de las Cooperativas Prestadoras de Servicios Públicos de la provincia, que resulten afectados a la prestación efectiva de los Servicios Públicos Esenciales a su cargo, suspendiéndose las ejecuciones de sentencias, acuerdos conciliatorios, y toda intimación que condene a las Cooperativas prestadoras de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero.
Dufour sostuvo que no hay nada que no se sepa del carácter abusivo de Cammesa y que hay que detenerlo; “si nos excedemos habrá un juez que nos ponga límites pero debemos declarar la emergencia para poner un freno con los abusos” dijo.
En tanto, el diputado José Grazzini dijo sentir “vergüenza” que por cuarto año se declare la emergencia en servicios públicos, y sostuvo que de la mala administración de las cooperativas eléctricas, los robos, hay que hacerse cargo: “Chubut es Venezuela porque todo está en emergencia” afirmó.
Indicó que las cooperativas subieron los servicios pero nadie se hace cargo de las malas administraciones. “El gran problema son los controles, nosotros estamos bloqueados porque se robaron todo y la culpa la tenemos los políticos” señaló.
Emergencia alimentaria
Asimismo, por unanimidad fue aprobado un proyecto de ley de la diputada del PJ-FpV, Estela Hernández para crear en el ámbito del Ministerio de Familia, el fondo especial denominado Programa de Seguridad Alimentaria, luego que fuera vetado totalmente por el Poder Ejecutivo.
Hernández dijo que es una cuestión de derechos humanos, “no me gusta dar vuelta la cara a esta realidad que duele, la gente ya no puede comer”.
Agregó que la alimentación de los niños es una cuestión de Estado; “con los fondos se deberá comprar alimentos para las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia”.
