González busca la adhesión municipal a nueva ley de lactancia materna

Dentro de la actividad legislativa y luego de que el diputado José Grazzini presentara proyecto de ley de su autoría sobre lactancia materna, el que fuera aprobado por Legislatura el 9 de mayo de este año y publicado en el Boletín Oficial el pasado 4 de junio, el diputado David González se reunirá hoy con el Ejecutivo local en búsqueda de que el municipio adhiera a la ley que modifica el régimen de asignaciones familiares, licencia por nacimiento y de lactancia, especialmente, el que marca diferentes tiempos para el derecho de la mujer trabajadora en el período de lactancia a su bebé.

A partir de esta ley se modifica a dos años el período de lactancia de su hijo -contra los 180 días que existe actualmente para las agentes municipales al igual que para las trabajadoras del sector público-, entendiéndose que se trata de una norma que promueve los beneficios y ventajas para el niño, en el marco de la atención, estimulación y salud general de la criatura, además de la protección de la madre trabajadora en ese período.

En el marco de la ley, la provincia invita a la adhesión a la norma de los municipios, lo que permitirá tener un régimen igualitario en todo el ejido chubutense, razón por la que el diputado David González presentará la ley aprobada en búsqueda de que el Ejecutivo municipal también la ponga en vigencia en la municipalidad comodorense.

Pago de intereses

Por otra parte, el legislador provincial anunció también la presentación de un proyecto de ley en Legislatura, teniendo en cuenta la actual situación de demoras en los pagos salariales a los trabajadores estatales, que en algunos casos se efectivizan un mes después del tiempo reglamentario, con la intención de resguardar el valor real de los salarios.

Para ello, propone que el Estado compense con un porcentual igual al que aplica el Banco del Chubut a sus clientes morosos a los trabajadores estatales que cobren en forma escalonada, toda vez que se suceden vencimientos que son imposibles de cubrir por el asalariado, lo que conlleva a que luego deban cubrir sus deudas con recargo.

González agregó que si bien el proyecto persigue el resguardo salarial de los trabajadores que se desempeñan en el ámbito público, excluye a los “cargos políticos”, tanto en los poderes legislativo como ejecutivo, al igual que a los funcionarios de entes autárquicos.