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La Cámara Electoral solicitó al Gobierno fondos para la organización de las elecciones

viernes 26 de abril de 2019
La Cámara Electoral solicitó al Gobierno fondos para la organización de las elecciones

Frente a las demoras en la transferencia de fondos que debe disponer el Gobierno, la Cámara Nacional Electoral (CNE), integrada por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, prepara una acordada extraordinaria para reclamarle con urgencia el dinero necesario para la organización del proceso electoral.

Mediante una acordada extraordinaria, la Cámara Nacional Electoral requirió al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, la inmediata transferencia a cada uno de los organismos pertinentes (Justicia Nacional Electoral, Comando General Electoral, Correo Oficial) de la totalidad de los fondos necesarios para la organización y correcto desarrollo del proceso electoral nacional.

[caption id="attachment_572033" align="alignnone" width="1000"] Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía[/caption]

El Tribunal destacó que, aun cuando desde el retorno de la democracia, la celebración de elecciones constituye un evento estable y previsible, los fondos necesarios para afrontar los distintos procesos electorales son asignados al Poder Ejecutivo.

Por ese motivo, los jueces Santiago H. Corcuera y Alberto R. Dalla Via, explicaron que ante cada proceso comicial, la Cámara Nacional Electoral debe requerir al Ministerio del Interior la asignación y transferencia de tales fondos, lo cual impone –para concretarse- diversas gestiones y procedimientos administrativos que, "a menudo, provocan dilaciones y dificultades para llevar a cabo tareas propias, imprescindibles e impostergables del cronograma electoral", preocupación que expresaron también los jueces federales electorales de primera instancia.

Dando cuenta del retraso del Poder Ejecutivo en disponer las transferencias de las partidas necesarias para cada una de las etapas del acto electoral, explicó la Cámara que aun cuando la democracia no tiene un valor pecuniario, "la realización de elecciones sí tiene un costo económico, que todos los países democráticos deben afrontar".

El Tribunal resaltó que los procesos electorales no son un servicio público que uno o varios organismos del estado proveen a los electores, sino que constituyen el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía en su expresión más pura, y que es ineludible resguardar.

Oportunamente se requirió que se contemplen en la ley de Presupuesto las partidas para dar cumplimiento a la ley de debates presidenciales obligatorios, en todos los aspectos organizacionales que aseguren neutralidad, imparcialidad e igualdad de condiciones para todos los participantes. Sin embargo, hasta la fecha no se obtuvo ninguna respuesta concreta.

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