Expropiación de YPF: la justicia de EEUU dejó firme un fallo contra Argentina

Loretta Preska

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó firme un fallo de primera instancia sobre un juicio millonario contra YPF y el Estado argentino tras la expropiación de la petrolera en 2012, decisión que será apelada por el gobierno nacional.

La justicia norteamericana dejó firme el fallo de primera instancia -de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, a cargo Loretta Preska- en el que se consideró que Argentina violó los términos de la expropiación de la empresa.

Burford, un fondo de inversión que compró en España los derechos de litigar tras la quiebra de Petersen Energía y Petersen Inversora, le reclama a la Argentina un resarcimiento por la expropiación de la petrolera, pero el Gobierno apelará la decisión de la Justicia de los Estados Unidos.

La decisión de la Corte de Apelaciones del país norteamericano se dio en el marco de una decisión todavía pendiente de la Corte Suprema de dicho país sobre la jurisdicción en la cual se deberá llevar a cabo el proceso, cuestión solicitada por Argentina. De esta manera, el máximo tribunal deberá decidir sobre tal cuestión, por lo que en enero le pidió al Gobierno de Donald Trump su opinión al respecto.

“La Corte de Apelaciones decidió que la sentencia quede firme sin esperar al máximo tribunal”, explicó el especialista y director de FinGuru, Sebastián Maril.

Asimismo, Maril informó: “Argentina presentó una moción de emergencia en la Corte de Apelaciones pidiéndole que reconsidere la sentencia. Lo más probable es que la Corte no haga lugar y vayan a la corte de Preska, la cual les dirá que tienen que sentarse a negociar cuánto le tiene que pagar a los demandantes”.

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Según explicó Maril, tras la demanda de la empresa ante el juzgado antes comandado por Thomas Griesa, por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, Preska consideró que “YPF violó las leyes del prospecto determinadas en la privatización de la empresa petrolera, por lo tanto es culpable en esta instancia”.

“El caso fue presentado en 2015. Son dos empresas españolas que eran propietarias del 25% de las acciones cuando se nacionalizó. En el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debe darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, pero en el gobierno anterior decidieron no hacer eso”, sostuvo Maril.

“Al contrario, dijeron que iban a expropiar el 51% en manos de Repsol solamente. Eso es romper las leyes internacionales, por lo que Petersen perdió mucho dinero y defaulteó dos prestamos que había recibido la empresa de 3.000 millones de dólares”, agregó. Según los cálculos personales del especialista, la suma que Argentina tendría que pagar asciende a 1.750 millones de dólares, más intereses.

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