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Comodoro: El año pasado hubo 348 pedidos de allanamientos

miércoles 10 de abril de 2019
Comodoro: El año pasado hubo 348 pedidos de allanamientos

Los allanamientos son el corolario del trabajo previo del Ministerio Público Fiscal en coordinación con la Brigada de Investigaciones, las distintas Seccionales de Policía o la División de Sustracción de Automotores, que llevan a reunir elementos de juicio para avanzar en los procedimientos de averiguación preliminares de las causas.

A lo largo de todo el año pasado, desde la Brigada de Investigaciones se solicitaron 348 pedidos de Allanamientos, es decir un promedio de 29 por mes; que sumados a los de las distintas dependencias policiales hicieron un promedio aproximado de 35 solicitudes mensuales.

Dicha averiguación preliminar y trabajo previo que el Ministerio Público Fiscal local ha procesado con el nuevo Código Procesal Penal de la provincia con aproximadamente 100.000 casos desde fines de 2006 hasta la actualidad. Todas las solicitudes de Allanamiento ingresan por el sector de “Gestión Inicial” del Ministerio Público Fiscal local y luego son derivados, según sus características a las distintas fiscalías especializadas.

Es en el sector de Gestión Inicial donde se generan las investigaciones preliminares que, en muchos casos derivan en diligencias de allanamientos para recupero de los elementos sustraídos y consecuentemente reunir evidencia probatoria.

Las medidas de allanamiento son diligencias previstas en la Constitución Nacional que establece los recaudos para poder sortear el derecho a la inviolabilidad de las viviendas. En la práctica es un acto complejo donde interviene la policía, el Ministerio Público Fiscal y se perfecciona con la autorización del juez penal.

Cuando el pedido de allanamiento nace de parte de la fuerza policial, auxiliares de la justicia, debe ser requerido al Fiscal por escrito con una detallada y pertinente fundamentación. Así el representante del Ministerio Público Fiscal supervisa y perfecciona el pedido, si el mismo está debidamente fundado, y eleva el pedido al juez penal de turno, que es quién finalmente autoriza, o rechaza, la medida solicitada.

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