Doce testigos declararon en la primera jornada del juicio oral y público por corrupción en el IPV local
Ayer a la mañana comenzó el juicio oral y público contra Abel Reyna, exresponsable del IPV local. Se escucharon los alegatos iniciales de las partes donde la fiscalía y la querella presentaron sus teorías del caso con una pretensión punitiva de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en caso de ser declarado Reyna penalmente responsable.
Cinco son los hechos que se le imputan, el primero por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; el segundo por exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; el tercero por cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; el cuarto por cohecho activo: 4 hechos; y el quinto por incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.
Por su parte, el defensor postuló que en la Administración provincial, como el IPV, quien manda es Rawson y quien adjudicaba las viviendas eran Ricardo Trovant (entonces presidente del organismo) y Martín Buzzi (entonces gobernador). Recusando a la jueza García porque el acuerdo abreviado anteriormente firmado se encontraba dentro de la carpeta Judicial; y la Oficina Judicial tenía la obligación de quitar de la carpeta todo vestigio del juicio abreviado. Argumentando que en ningún caso el tribunal podrá tomar conocimiento previo del hecho juzgado.
Seguidamente, la fiscal calificó la recusación del defensor como de mala fe solicitando que se investigue porqué el acuerdo abreviado quedó en la carpeta y quién era el responsable de ello. Solicitando se rechace la recusación y se dé inicio al debate. Igual postura adoptó la querella.
Finalmente se dio intervención a dos jueces, Mariano Nicosia y Miguel Caviglia, quienes resolvieron por escrito, no haciendo lugar a la recusación ya que no se verificó conocimiento previo de la jueza sobre la causa. Además, el caso tuvo alta difusión pública y repercusión en todos los medios locales y provinciales, argumentaron.
Los testimonios
Luego comenzaron los testimonios; el primero fue el de Ricardo Cerda, por entonces jefe de la Brigada de Investigaciones local, quien relató las tareas que le fueran encomendadas por la fiscalía sobre instrucciones para realizar averiguaciones ante la presunción de ilícitos en el IPV.
Seguidamente, declararon tres auxiliares de la justicia que intervinieron en la causa, como también Martín Buzzi y Ricardo Trovant, exgobernador y responsable del IPV provincial, respectivamente, en la gestión de Reyna. Para mañana se espera continuar con la recepción de la prueba testimonial del caso.
Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo. Fuente: MPF Of. Com. Rivadavia
