Declaran la “emergencia penitenciaria” por tres años

Desde el Ministerio de Justicia justificaron la decisión porque en los últimos años “se ha experimentado un incremento significativo” de la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF).El Ministerio de Justicia declaró la “emergencia en materia penitenciaria” por los próximos tres años al tiempo que conformó una “comisión” especial para elaborar políticas que puedan resolver el “déficit habitacional” en las prisiones federales.

La decisión de la cartera que conduce Germán Garavano llegó luego que la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) “ha experimentado un incremento significativo” en los últimos años.

Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274, mientras que el SPF informó que al 13 de marzo pasado los internos alojados ascendían a 13.773. A su vez, la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanzaba las 12.235 plazas, lo que significa una sobrepoblación superior al 12%, detalló la resolución.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, en los últimos años se ha registrado un descenso en los porcentajes de personas sin condena alojadas en establecimientos penitenciarios federales. En la actualidad esa cifra asciende al 57% de los internos.

Para abordar la problemática que llevó a declarar la “emergencia penitenciara”, el Ministerio conformó en el ámbito de la Secretaría de Justicia una “Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria” que una vez constituida se reunirá quincenalmente hasta marzo 2022.

En dicha comisión, el Ministerio estará representado por un miembro de la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y un integrante de la Dirección Nacional del SPF.

El objetivo de esta comisión será facilitar la “elaboración de propuestas de políticas públicas tendientes a resolver el déficit habitacional en el SPF, mejorar las condiciones de privación de la libertad, y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables”, añadió la resolución.

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