En abril el exdelegado del IPV, Abel Reyna sería sometido a juicio

Tras la presentación del acuerdo de juicio abreviado el pasado viernes y el análisis de la documentación brindada por parte de la jueza penal actuante, se decidió el rechazo del mismo y elevar la causa contra Abel Reyna, exdelegado del IPV a juicio oral y público, el cual se llevaría adelante durante el mes de abril.

El pasado viernes se realizó la audiencia de homologación donde se presentó ante la jueza Penal, Daniela Arcuri, el acuerdo al que arribaron tanto la Fiscalía, representada por la Fiscal General Camila Banfi, como el defensor particular del imputado Abel Reyna, Guillermo Iglesias, en el marco del juicio abreviado para el exdelegado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a nivel local.

En principio el mismo planteaba una condena de 3 años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos electivos, a partir de la causa por corrupción que involucra a Reyna, quien fue denunciado por realizar maniobras ilegales en el plan de 81 viviendas de barrio Ciudadela siendo imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, cohecho pasivo y activo; y tráfico de influencias, aceptando a partir del acuerdo su responsabilidad en los mismos.

Tras un hondo análisis, este lunes la jueza penal elevó su resolución rechazando lo propuesto al considerar que el caso debe ventilarse en juicio oral y público, el cual estaría concretándose en abril.

Entre los fundamentos, la magistrada adujo que tenía que ver con la pena en expectativa que podría plantearse, la cual sería muy superior a la designada en el acuerdo que pudiera ser de un año a 36 de acuerdo a la calificación jurídica además de la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública, sin embargo, esto también abre la posibilidad de la absolución del imputado si es que no puede probarse la autoría.

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Otro de los puntos sobre los que se basó la determinación de la jueza fue que no se puede aplicar el juicio abreviado en casos que involucren a funcionarios cometiendo determinados delitos en perjuicio de la administración pública, por lo que se prevé que sean sometidos a juicio donde se ventile ante la sociedad que el funcionario abusó de sus funciones, por lo tanto consideró fuera de la ley el acuerdo.

El hecho

La investigación indica que Abel Reyna, en su rol de delegado del IPV, realizó maniobras ilegales en la adjudicación de viviendas del plan 81 viviendas del barrio Ciudadela, insertando legajos con declaraciones juradas con datos falsos para que las mismas le fueran otorgadas a personas que no cumplían con los requisitos establecidos por ley.

Para ello, Reyna organizó un grupo de trabajadores, Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori, quienes posibilitaron la maniobra sin respetar lo dispuesto por el FONAVI, además se adulteraron datos de los legajos de preadjudicación.

En tanto, en la investigación surge que hubo casos en los que se entregó dinero o favores sexuales a cambio de viviendas.

Condenados

Por su parte, se aceptó la suspensión del juicio a prueba del grupo que sería liderado por Reyna, quienes reconocieron haber incurrido en los delitos de corrupción, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes en la delegación Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), por lo que Acosta fue condenado a cumplir 600 horas de trabajo comunitario y a aportar $8000 por mes durante dos años. Antimilla y Consoli deberán abonar $1.500 por mes durante un año y cumplimentar 144 horas de trabajo comunitario y finalmente, la abogada Leonori deberá abonar $5000 por mes durante un año.

 

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