Condenan a fabricante de armas alemán a pagar multa por venta ilegal de armas a México
Se presume que las armas probablemente se usaron en el asesinato de seis estudiantes mexicanos y se ha sospechado que también se usaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Un tribunal alemán condenó este jueves (21.02.2019) a la empresa armamentística alemana Heckler & Koch a una multa de 3,7 millones de euros y a dos de sus empleados a penas de libertad condicional en el marco de un proceso contra cinco de sus trabajadores por presunta exportación ilegal de armas a México.
Se presume que las armas probablemente se usaron en el asesinato de seis estudiantes mexicanos y en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero.
La Audiencia Provincial de Stuttgart estableció que uno de los condenados, un exempleado del fabricante alemán, deberá cumplir un año y diez meses de libertad condicional y pagar una multa de 80.000 euros, e impuso a otra empleada una pena de un año y cinco meses de libertad condicional y 250 horas de trabajo comunitario.
Los otros tres acusados fueron absueltos.
La Fiscalía de Stuttgart considera que los cinco acusados violaron en varias ocasiones la ley de control de exportación de armas.
Fiscalía sostiene que los acusados vendieron casi 5.000 fusiles destinados a zonas de conflicto y disturbios en México
La propia empresa no estaba acusada, pero aun así deberá pagar una multa de 3,7 millones de euros, correspondiente a la cantidad ingresada por la venta ilegal de las armas.
En la apertura del juicio el pasado 15 de mayo, el fiscal Karlheinz Erkert dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 alrededor de 4.700 fusiles, así como ametralladores y munición destinadas a zonas de conflicto y disturbios en México para las que no existía permiso de exportación.
El abogado de la empresa sostiene que solo debe confiscarse aproximadamente 200.000 euros.
La Fiscalía había pedido para tres de los cinco acusados penas de entre 22 y 33 meses de cárcel y para los otros dos, la absolución, y el pago por parte de la empresa de una multa de 4,1 millones de euros.
La defensa argumentó que era el Ministerio de Defensa mexicano el encargado último de distribuir las armas en el país y que la parte mexicana había firmado un certificado de usuario final, por lo que los fusiles de asalto G36 no deberían haber llegado a esas áreas problemáticas.
