Corrupción en el IPV: el 25 se sabrá si se homologa o no el acuerdo de juicio abreviado para Abel Reyna

Ayer se presentó en los tribunales penales de esta ciudad la propuesta de juicio abreviado para el entonces delegado local del IPV, Abel Reyna, en base a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, cohecho pasivo y activo; y tráfico de influencias. La jueza decidirá si homologa o no el acuerdo, y lo dará a conocer el próximo lunes 25 de febrero.

El imputado aceptó voluntariamente su participación y responsabilidad en los hechos, como también la pena propuesta por la fiscal general de tres años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos políticos. Tanto la pena como la inhabilitación se ameritan como adecuadas en su monto, por las partes, atendiendo a las características de los hechos, la extensión del daño causado y los antecedentes del imputado.

El acto de ayer fue presidido por la jueza penal Daniela Arcuri; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente la fiscal general Camila Banfi; por la querella María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede del IPV, sita en calle Rivadavia n° 2.098, esquina Asturias, de esta ciudad.

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Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se los había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley, en desmedro de los postulantes que sí los tenían.

Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del barrio Ciudadela, del listado de preadjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Los hechos y el modus operandi han sido ampliamente difundidos en los últimos tiempos.

La investigación ha permitido acreditar que Reyna procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor, según consta en las carpetas del IPV.

En síntesis, la investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley. Fuente: MPF Of. Comodoro Rivadavia

 

 

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