La Fiscalía venezolana investiga a la junta de PDVSA nombrada por la Asamblea
Tarek Saab anunció una investigación también contra los representantes diplomáticos nombrados por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. El Supremo les prohibió salir del país y bloqueó sus cuentas bancarias.
"Hemos anunciado unos MPs (investigaciones) en contra de los ciudadanos nombrados legal e inconstitucionalmente como directivos de PDVSA y de Citgo (su filial en Estados Unidos", dijo en una conferencia de prensa televisada el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, este jueves (14.02.2019). Señaló además que se investigarán "una serie de ciudadanos nombrados como embajadores de forma ilegal e inconstitucional de la misma manera por un usurpador del poder".
Con el nombramiento aprobado ayer por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, David Smolansky, Carlos José Balza y Ricardo Alfredo Prada integran la nueva junta directiva de PDVSA, una empresa golpeada por una crisis de productividad e investigaciones por corrupción. Así que contra ellos se dirige la investigación anunciada. El Tribunal Supremo, como anunció en otra comparecencia televisada posterior, les ha prohibido abandonar el país y ha bloqueado sus cuentas bancarias por "delitos de usurpación de funciones" y otros "relativos a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros".
En cuanto a Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser, designados para dirigir Citgo, hay que recordar que todos viven en Estados Unidos, por lo que el alcance de la investigación desde Caracas puede ser menor. El representante en Washington de Guaidó, Carlos Vecchio, explicó previamente que los nombramientos eran una medida para evitar que Citgo fuera "saqueada por la dictadura".
El autoproclamado presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, designó además diez embajadores, muchos reconocidos ya como los legítimos representantes de Venezuela en los respectivos países, que son Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y el Grupo de Lima, que también fue aceptado.
Saab los tildó de "embajadores fantasma" y comentó que las investigaciones son una respuesta a "una escalada que comenzó con la usurpación írrita de la Presidencia de la República por alguien que nunca eligió". Para Saab los nombramientos los ha hecho un "órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones", por lo que considera que son "una burla" y aseveró que "no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica ni legal".
