El informe del Tribunal de Cuentas sobre la Auditoría a la SCPL refleja serias falencias en el organismo

Compras que no pudieron ser comprobadas en altos porcentajes, falta de planes estratégicos y operativos y demás falencias formaron parte del informe efectuado por el Tribunal de Cuentas respecto a la Auditoria a la SCPL.

Casi a fines de la semana pasada, se hizo público el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Auditoría a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) que expuso la verdadera situación que atraviesa el organismo y se apunta sobre las distintas falencias y errores cometidos, desnudando una serie de fallidas gestiones.

En este marco, se señala que la SCPL no elabora un plan estratégico de gestión anual y plurianual donde se determinen los principales objetivos en relación a la prestación de servicios, sino que se siguen los objetivos planteados por cada gerencia de manera autónoma sin una coordinación general.

También se resalta que no se elabora un plan operativo anual donde se establezcan las metas sectoriales ni la funcionalidad y coordinación de las Gerencias. Tampoco un plan general en materia de dotación de personal y administración de remuneración por lo que destacaron en el informe que “de forma directa o indirecta, la SCPL sufre una actualización casi automática de los costos laborales de toda su nómina que representan en promedio el 60% de los costos totales”.

Además, se indica que la entidad no elabora un plan anual de inversiones ni de ampliación o construcción de obras de infraestructura para la prestación de los servicios, mucho menos se llevan adelante proyecciones de demanda de servicios públicos.

En tanto, se remarca que no se hace seguimiento ni proyecciones sobre los flujos de caja por lo que aseveran que “la delicada situación financiera que atraviesa actualmente la SCPL, el análisis y aplicación de los recursos financieros, junto al costo que implica cada una de las alternativas de financiamiento, deberían ser prioritarias para la dirección y principales áreas de la administración”.

A toda esta situación, en el informe plantean que existen debilidades en el control interno de la SCPL y que la Unidad de Auditoría Interna no cumple con las tareas de control ni releva resultados de la administración del organismo, así como no hay un sector abocado al control de gestión y el monitoreo del correcto tratamiento de los costos.

El Ente de Control

Sobre el Ente de Control de los Servicios Públicos, indica que los integrantes del mismo tuvieron un débil desempeño para ejecutar las tareas de control sobre los servicios públicos concesionados debido a su reciente puesta en funciones y a limitaciones de la normativa vigente por lo que, en definitiva, estarían realizando tareas similares a las propias del control interno mientras se deja de lado las del control externo, incluyendo la prestación y gestión eficiente de los servicios públicos.

Implementación de tarifa

En otro apartado, el informe manifiesta que “existieron debilidades en la implementación del ‘procedimiento para las adecuaciones tarifarias’ que provocaron demoras administrativas al proceso de aprobación y/o de adecuaciones de las tarifas de los servicios públicos concesionados”.

Falencias en las órdenes de compra

A partir de la información relevada, el escrito igualmente destaca que se evidencia que el 46 por ciento de las órdenes de compra aprobadas por licitación relevadas tienen falencias en atributos claves como por ejemplo, la existencia de un pedido interno de material mientras que el 40 por ciento no presenta soporte de la debida aprobación por parte de la gerencia responsable.

De la misma manera, en el 18 por ciento de los casos no se pudo comprobar la efectiva recepción del producto/servicio y en el 21 por ciento carecían de factura en el legajo.

En el caso de las órdenes de compra directas o urgentes, el 55 por ciento no tiene el correspondiente respaldo documental en memorando, acta o correo electrónico solicitando la adquisición y en el 60 por ciento de los casos no hay evidencia de un proceso de compulsa previa, es decir solicitud de 3 cotizaciones a proveedores o algún respaldo sobre el motivo de su inexistencia, sostuvieron en el informe. Así como un 34 por ciento presenta falencias en los soportes de autorización conjunta por parte de la gerencia y en el 69 por ciento no se observa evidencia de la entrega del producto o servicio.

Con respecto a las órdenes de compra por actas de ampliación o renovación automática, el 66 por ciento de los pedidos presentan falencias en atributos claves, en el 80 por ciento no hay respaldo documental sobre la renovación o ampliación y en el 19 por ciento se presentan falencias en el cumplimiento del atributo: “contar con una solicitud de materiales”. En el 90% de los casos no se observan constancias o soportes sobre la efectiva recepción del producto o la prestación del servicio.