Elecciones 2019: se aplicará la ley de debate presidencial y será obligatorio

La Ley 27.337, sancionada en 2016, se aplicará por primera vez sobre los candidatos que superen las PASO. Además, la regulación deja la puerta abierta a un debate entre postulantes a vice.

Todos los candidatos deberán someterse este año, por primera vez en la historia argentina, a un debate público y obligatorio regulado por ley.

Este 2019 se aplicará por primera vez la Ley 27.337, sancionada por la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 2016, que regirá para los candidatos a presidente que hayan superado el piso que imponen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), es decir, el 1,5% de los votos.

En los hechos, ya se realizaron dos debates presidenciales. El 4 de octubre de 2015, tras los murallones de la Facultad de Derecho de la UBA, se batieron a duelo Macri, Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás Del Caño y Adolfo Rodríguez Saá. Daniel Scioli, en una imagen que quedó grabada para siempre, dejó su silla vacía.

En la segunda oportunidad, Macri y Scioli se enfrentaron cara a cara. Fue el 15 de noviembre, en el mismo escenario y en la previa de la segunda vuelta. El debate tuvo picos de rating y hasta el día de hoy salen a la luz pública las promesas que el actual presidente formuló entonces ante el electorado.

Ambas experiencias estuvieron a cargo de un grupo de organizaciones sociales, nucleadas en la agrupación Argentina Debate.

Alejandro Tullio, extitular de la Dirección Nacional Electoral hizo una valoración positiva, ya que “el debate presidencial obligatorio exigirá a los estrategas de campaña redefinir toda la campaña alrededor del debate, porque esta vez no será una opción debatir o no”.

Además, el exfuncionario explicó que “si bien la propaganda electoral siempre es muy prolífica, otra cosa es ver a los candidatos formulando las propuestas de su boca y por obligación legal”.

De todos modos, aclaró que “no necesariamente las habilidades para debatir se correlacionan con la capacidad de gestión”. “A veces se crea una falsa imagen de que alguien que es un hábil declarante puede representar después los intereses del electorado”, advirtió.

Más escéptico se muestra Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. “Hay gente a la que el debate le parece algo muy relevante. Creo que es algo que puede sumar, pero no me parece determinante para la ciudadanía. Puede haber candidatos que sean muy buenos en el debate, pero eso no lo hace buenos gobernantes, y viceversa”.

Secchi insistió en que “lo importante es que lo que se diga sea verdad, y lo que vemos es que muchas plataformas que se proponen no se terminan cumpliendo. Por eso, si después no hay una demanda de la ciudadanía, no tiene mucho sentido”.

La ley que entrará en vigencia este año establece que el debate presidencial será obligatorio y que tendrá “la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.

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Cinco días después de su proclamación, los candidatos que hayan superado las PASO serán convocados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para iniciar el proceso. Quienes se nieguen a participar del debate serán castigados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual. “La sanción es bastante importante. Va a asegurar que vayan todos”, destacó Secchi.

Los espacios publicitarios no asignados se repartirán “de manera equitativa” entre los candidatos que sí participen del debate. Pero no solo eso: la silla del postulante que se oponga a participar se dejará vacía, como sucedió con Scioli, “a fin de denotar su ausencia”, indica el artículo 4.

Además del debate en la Capital Federal, deberá realizarse uno idéntico en la capital de una provincia del interior del país, a determinar por la CNE. Los debates tendrán lugar entre los 20 y 7 días anteriores a la fecha de la elección, el 27 de octubre. Pero podría haber un tercer debate si -como las encuestan indican- hay un balotaje.

Previo al debate se realizará una audiencia de la que participarán la CNE, organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, y los candidatos o representantes partidarios. Allí deberá acordarse un reglamento, quiénes serán los moderadores y qué temas se tratarán. Si no hay acuerdo, la CNE tendrá la última palabra.

El evento será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina S.E., y durante el mismo se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual, así como los anuncios públicos de los actos de Gobierno.

Otro artículo atractivo de la ley es el 8, que deja abierta la puerta a un posible debate entre candidatos a vicepresidente, “en caso de que exista voluntad” de los postulantes. Si es así, las reglas serán “similares” a las del rubro presidencial.

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