El Gobierno impulsa bajar a 15 años la edad de imputabilidad

Después de anunciar que se implementará el uso de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes, el gobierno nacional quiere reflotar un proyecto que tuvo su planteo inicial en el 2017 por el presidente Mauricio Macri: un nuevo Régimen Penal Juvenil. 

El nuevo Régimen Penal Juvenil, un pedido que Macri les había hecho sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña Legislativa de ese año, recobró impulso en las últimas horas, y ahora el Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero.

La principal novedad tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.

La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de Justicia, Germán Garavano; ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que tuvo el anuncio de la compra de las Taser.

El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad

A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

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En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.

Además se incorporan “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.

En los casos que la “investigación preliminar” determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario -integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales- elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.

 

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