Bonadio ordenó una nueva citación a indagatoria de De Vido

El ex ministro kirchnerista Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, ambos detenidos por la causa de los cuadernos de la corrupción, volverán esta semana a los tribunales federales por orden del juez Claudio Bonadio. 

La citación fue ordenada ayer por el juez federal Claudio Bonadio, que también convocó a declarar como acusados en este expediente al exsubsecretario de Coordinación y Control del ministerio de De Vido, Roberto Baratta, al exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta y a un grupo de empresarios de Isolux-Corsan.

Fechas de las indagatorias

Esta ronda de indagatorias por las irregularidades en la construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio empezará esta semana y está previsto que se extienda, al menos, durante la primera quincena de enero, en medio de la feria judicial.

Bonadio interrogará el jueves próximo a De Vido y el viernes a Baratta, y la semana próxima fue citado el ex Inspector de Obra de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, Néstor Prades.

Las declaraciones continuarán el 3 de enero con varios de los protagonistas de la otra causa Río Turbio (por la que fue preso De Vido inicialmente y que está en manos del juez Luis Rodríguez.
Allí fueron citados el ex coordinador General de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Miguel Ángel Larregina y, al día siguiente, el ex secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral.

Entre el 7 y 9 de enero se espera a los responsables del grupo empresario Isolux-Corsan: Juan Carlos de Goycoechea (primer arrepentido de cuadernos y procesado como miembro de asociación ilícita), Ernesto Alejo Maxit, Mario Maxit y Alejandro Koweindl.

El 10 de enero declararán ex interventores de YCRT Rolando Aramini y Atanacio Pérez Osuna (preso por la causa Río Turbio) y al día siguiente cerrará la lista el ex gobernador Peralta, quien presentó un escrito con un descargo apenas se enteró del dictamen de Marijuan.

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Según el requerimiento del fiscal del caso, Guillermo Marijuan, en las obras de Río Turbio hubo beneficios indebidos para el grupo empresario que implicaron un grave perjuicio para las arcas públicas y que no se hubieran producido sin la intervención determinante de funcionarios públicos que fueron parte en las gestiones de licitación y de contratación, y que autorizaron modificaciones de las condiciones en favor de los empresarios.

En noviembre de 2015 la usina dejó de operar, pero quedó una deuda con Isolux-Corsan, a cuyos directivos se investiga para determinar si pagaron “retornos” o comisiones ilegales.

 

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