Piden hasta 25 años de cárcel para los impulsores de la Independencia de Cataluña

La fiscalía española pidió este viernes 25 años de cárcel para el ex vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, al que acusa de rebelión por su participación en el proceso soberanista de Cataluña.

El Ministerio Público español también pidió 17 años de prisión para la expresidenta del parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y para los activistas independentistas conocidos como “los Jordis”: el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.

Cinco de los consejeros del gobierno del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont -Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull- se enfrentan a la posibilidad de 16 años de cárcel, al también haber sido formalmente acusados de rebelión.

Las penas que está solicitando la Fiscalía son mayores que las que pide la Abogacía del Estado, que depende del Ejecutivo y decidió acusar a los líderes independentistas de sedición, en lo que fue interpretado como un gesto de conciliación por parte del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

El delito de sedición es considerado menos grave y conlleva penas de cárcel inferiores al de rebelión.

La Abogacía del Estado está pidiendo 12 años de prisión para Junqueras, 11 años y medio para los cinco exconsejeros, 10 para Forcadell y 8 para los Jordis.

Un año después

El juicio de los líderes independentistas catalanes ante el Tribunal Supremo está previsto que inicie en las próximas semanas, más de un año después de que las autoridades autonómicas proclamaran unilateralmente la independencia de Cataluña.

Esto motivó la intervención del gobierno central y la disolución del gobierno de Puigdemont, quien decidió exiliarse en Bélgica para escapar de la justicia española, algo que también hicieron algunos de los miembros de su gabinete.

El resto de los consejeros que se quedaron en España -Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila- también están siendo acusados por la fiscalía, que está pidiendo para ellos siete años de cárcel por malversación de caudales públicos y desobediencia.

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