El Gobierno prevé frenar el proyecto de Ley de Alquileres

El proyecto de ley que se está tratando el Congreso, referido a la regulación de los alquileres, tuvo un giro y se frenó el apoyo oficial a la iniciativa impulsada en la Cámara baja por el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky. Se busca promover la construcción.

La Cámara de Diputados dio dictamen días atrás a un proyecto que apunta a defender a los inquilinos regulando los mecanismos de ajuste de los alquileres (por el índice de salarios o la variación de los precios) y extender a un mínimo de 3 años el plazo de los alquileres.

El proyecto fue defendido por las organizaciones que representan a los inquilinos, pero mereció numerosas críticas tanto de las inmobiliarias como de los propietarios, escribanos y desarrolladores.

Estos sectores advirtieron que las regulaciones propuestas terminarían reduciendo la oferta y, en última instancia, perjudicando a los inquilinos.

Los datos oficiales arrojan que tres millones y medio de hogares tienen problemas de vivienda y que es necesario construir más de un millón de unidades.

Frente a esta situación, en el Poder Ejecutivo se analiza impulsar medidas alternativas. Una de ellas es la de otorgar beneficios impositivos para aquellos emprendimientos cuyo destino sea la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

Blanqueo

En el Gobierno también consideran necesario “blanquear” la actividad ya que -según cálculos aproximados- no es más del 20 o 30% de los contratos, incluyendo los de carácter comercial, que están registrados.

La iniciativa contemplaría reducir a la mitad lo que se tributa por el impuesto a las Ganancias de los propietarios, es decir al 17,5%, para combatir la informalidad y, de paso, lograr mayor recaudación.

Por lo pronto, tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli están trabajando en el tema aunque se estima que de prosperar esta iniciativa la recaudación por el blanqueo de propiedades en alquiler podría alcanzar cifras importantes.

Desalojos

Otra cuestión bajo estudio por parte de las autoridades, consiste en reforzar la ejecutividad en los desalojos para el caso de los inquilinos que no pagan.

La intención oficial, señalan, es que “los juicios sean sumarísimos, de manera tal que el inquilino que no cumpla, sea desalojado en un plazo máximo de 60 días”.

El secretario de Vivienda, Iván Kerr, es el funcionario encargado de avanzar en esta iniciativa a los efectos de lograr un proyecto para que pueda ser tratada en el Congreso el año próximo.

Uno de los aspectos que contemplara el proyecto será el fomento a la construcción de vivienda para alquilar.

El Gobierno contempla ofrecer a las empresas constructoras -especialmente las pymes- una promoción fiscal y una serie de instrumentos financieros, sobre todo de viviendas para la clase media (que cuesten menos de 140 mil UVA, equivalentes a unos 100.000 dólares) aprobados por la Secretaría de Vivienda.

 

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