La reducción del déficit implicará un recorte de $300.000 millones

Macri en Olivos con Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Ernesto Sanz, Mario Negri y Angel Rozas

El gobierno de Mauricio Macri calcula que la reducción del déficit para el proyecto de presupuesto de 2019 implicará un recorte de $300.000 millones. La poda de gastos, bastante mayor de la prevista originalmente, debería ser compartida por mitades entre la Nación y las provincias, según pretende el Presidente.

El gobierno nacional reduciría $150.000 millones en sus gastos, y los 24 estados provinciales, otros $150.000 millones.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , comunicó esta última estimación en la reunión de gabinete del martes último en la Casa Rosada. Y la expuso por segunda vez en el encuentro de anteayer en Olivos con cinco ministros de Economía de las jurisdicciones controladas por Cambiemos : Buenos Aires, CABA, Mendoza, Jujuy y Corrientes.

El ajuste superará en $100.000 millones el previsto originalmente. Pero podría reducirse en algo si aumentaran los ingresos, ya sea a través de una suba de impuestos o de una mayor recaudación por actividad o por inflación . Esto último también haría crecer los gastos.

El aumento de la reducción del déficit fiscal obedece a que la fórmula del incremento de jubilaciones y de gastos sociales, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), dará una suba superior a 2018 y al aumento previsto en la inflación para el año próximo.

El acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fijó que el déficit se reducirá del 3,8% del PBI con que cerró en 2017 a la meta de 2,7% para 2018, es decir, que deberá alcanzar un desequilibrio de $365.000 millones. Y el año próximo se reducirá a 1,3% del PBI, unos $175.000 millones. Según los cálculos de Hacienda, cada punto del PBI equivale a US$5000 millones o $135.000 millones.

La reducción entre este año y el próximo sería de $190.000 millones. Pero, como las jubilaciones aumentarán más que la inflación, habrá que aumentar el recorte de gastos y la cifra se estiraría a $300.000 millones.

Esto es así porque la fórmula de ajuste de las jubilaciones, asignaciones familiares, planes sociales y la AUH se aplica sobre la inflación pasada: en 2018 será superior al índice previsto para 2019. En 2018 aquellos haberes fueron perjudicados.

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La inflación prevista para 2018 será del 27%, según la meta acordada con el FMI, y ello disparará mayores aumentos de jubilaciones y planes sociales para 2019. Y para el año próximo la meta de inflación acordada con el FMI es del 17%.

Los aumentos jubilatorios se componen en un 70% de la inflación y un 30% de la evolución de los salarios en el sector formal.

Alternativas

Los gobernadores del PJ reclaman, a cambio de los recortes, que la ciudad y la provincia de Buenos Aires tomen a su cargo gastos de subsidios para energía, transportes y obras de cloacas y agua de la empresa Aysa. En total, son $110.000 millones. El Gobierno quiere endosarles al resto de las provincias los gastos de salud y educación que la Nación hace vía transferencias que van por fuera de la coparticipación federal, que son unos $140.000 millones.

En ese sentido, Hacienda podría impulsar el traspaso de las distribuidoras de energía Edenor y Edesur a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Ello no significaría costo para estos distritos: ninguna recibe subsidios tras los aumentos de tarifas. Empero, Vidal y Rodríguez Larreta absorberían la responsabilidad política del manejo tarifario, sin costo económico adicional para ellos.

Sin embargo, Nación transferiría progresivamente los gastos de los subsidios que le paga a la empresa mayorista Cammesa, que reparte la energía que se produce en todo el país a las distribuidoras. Estos subsidios deberían ser absorbidos por Vidal, Larreta y otras provincias.

Además, el Gobierno quiere endosarles a las provincias el gasto de los giros que van por fuera de la coparticipación federal automática para salud y educación. Ese traspaso sería progresivo. Y la Nación apuntaría a retener las transferencias de capital (para obra pública), que son discrecionales y que sirven para épocas electorales, aunque parte de las obras las deberían pagar las provincias. La Casa Rosada argumenta que las provincias reciben desde 2016 más recursos que antes y que tendrán superávit fiscal en 2018.

 

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