Cinco exfuncionarios provinciales serán investigados durante seis meses por hechos de corrupción

Dos de ellos declararon y negaron los delitos que les atribuyen. Solo dos están presos pero por otras causas, Diego Luther y Diego Correa.

Trelew (Agencia) La jueza de Garantías Mirtha del Valle Moreno autorizó ayer la apertura de una investigación criminal contra los exministros Alberto Gilardino y Leticia Huichaqueo; el exsubsecretario de Familia Marcelo Suárez y los exsecretarios de la Unidad Gobernador Diego Luther y Diego Correa. A todos les endilgan maniobras delictivas con la ayuda que debía venir a Comodoro a raíz de la emergencia climática del año pasado y solo dos de los exfuncionarios dasnevistas, Suárez y Huichaqueo, negaron los delitos que los acusadores les atribuyen.

El plazo que tiene la fiscalía para juntar pruebas que los incriminen y llevarlos a juicio es de seis meses; los acusadores anticiparon que habrá más imputados que serían empresarios que habrían colaborado con ellos para llevar a cabo los ardides en perjuicio del Estado chubutense y, en especial, de los comodorenses que resultaron damnificados por las inundaciones y que nunca recibieron la ayuda que les habían prometido.

Los hechos que son investigados ocurrieron entre marzo y abril del año pasado y aquí se da la particularidad de que Luther y Correa ya vienen presos por otras causas en las que son investigados también por hechos de corrupción. Ellos, con la que se inicio ayer, tienen ya tres procesos judiciales entre saqueo de fondos públicos, pedidos de coimas y retornos en la obra pública, por ejemplo.

En esta causa llamada “Emergencia Climática” a Luther los fiscales le atribuyen también haber cobrado retornos, pero a proveedores en “cuatro oportunidades”, según especificó en su alegato el fiscal Omar Rodríguez: “135.000 pesos, 98.000, 61.000 y otros 98.000 pesos. Luther una vez que recibía el dinero en efectivo que trasladaba en una bolsa extraía un listado y subrayaba con un marcador fluorescente la concreción de esa entrega”.

Los delitos que le imputan a Luther y a los otros exfuncionarios son de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso con concusiones bajo la modalidad del delito continuado”. Las concusiones son el pedido de coima pero de manera extorsiva.

En la audiencia de ayer el abogado del exsubsecretario de Familia Marcelo Suárez rechazó la imputación que le hicieron a su defendido indicándoles a los fiscales que él cumplía órdenes. Fue al avisarle al tribunal que Suárez estaba dispuesto a declarar e incluso a responder preguntas de los acusadores.

El doctor Conti pidió que se impugnara el inicio de la investigación en contra de su cliente “habida cuenta que no cometió ningún delito y que su actuación en el marco de la emergencia climática que sufrió la provincia a partir del 29 de marzo fue ajustada a derecho y con los fundamentos legales y fue dentro del cuadro de las funciones que él debía cumplir”, adujo el letrado, recordando que su defendido ni bien tomó conocimiento de que lo iban a investigar solicitó su vindicación.

Después, la jueza Moreno rechazaría el pedido de impugnación a la apertura de investigación solicitado por el letrado advirtiéndole que las aperturas de investigaciones no se impugnan.

Para los acusadores, los exfuncionarios se dedicaron a “armar expedientes truchos” en los que “dibujaban” una asistencia social que en la realidad nunca llegó a los miles de afectados que hubo en 2017 por las inundaciones y a ese supuesto ardid, por ejemplo, lo concretaban con facturas truchas o con la compra de mercadería que no se recibía.

Tanto Suárez como Leticia Huichaqueo al declararse inocentes de los delitos que les atribuyen dijeron que ellos no eran responsables de los controles que para eso había organismos que se dedicaban a eso y en ambos casos coincidieron en incriminar indirectamente a Diego Luther, de quien dijeron recibían órdenes que venían de Casa de Gobierno.

Así las cosas, ahora la investigación tomará su rumbo y en los próximos días habrá otra audiencia en la que comparecerán los empresarios que presuntamente fueron cómplices de un ardid que -según los fiscales- perjudicó al Estado chubutense en varios millones usándose la emergencia climática de Comodoro y a los afectados por las inundaciones que hubo en la ciudad petrolera.