Investigan por administración fraudulenta a Sebastián Balochi
El exintendente de Sarmiento, Sebastián Balochi y los exfuncionarios municipales Rubén Camarda y Daniel Miguenz, fueron imputados en nueva causa judicial como presuntos autores del delito de administración fraudulenta. En esta oportunidad, la denuncia corresponde a la compra de palmas para alumbrado público, que debían ser colocadas en la Avenida 2 de Abril.
La operación se habría realizado mediante una contratación directa, y para la Fiscalía no se cumplió con lo establecido por la ordenanza aprobada para este tipo de compras. El Ministerio Público Fiscal obtuvo un plazo de seis meses para culminar las tareas investigativas, según informó el vocero de prensa de ese ente, licenciado Jorge Juárez.
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial se desarrolló una audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial fue presidido por el magistrado Jorge Novarino.
La Fiscalía estuvo representada por el Fiscal Herminio Gonzales Meneses. Los imputados Balochi y Camarda, fueron asistidos por el abogado de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzún. En tanto, Miguenz, recibió la asistencia técnica del abogado particular Guillermo Klaur.
En la oportunidad, Meneses relató los hechos que figuran en la pieza de apertura. En este sentido sostuvo que se investigará lo ocurrido entre los meses de junio y agosto de 2015, cuando mediante Resolución N° 528/15, el intendente municipal Sebastián Ángel Balochi junto al secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete Rubén Alberto Camarda y el secretario de Hacienda, Daniel Miguens deciden adquirir -mediante concurso privado de precios- 33 palmas de alumbrado público por el valor de 678.810 pesos.
Estos elementos debían ser destinados a la iluminación de la Avenida 2 de Abril. Asimismo, los investigadores aseguran que estas columnas, eran diferentes a las que utiliza la prestadora de servicio de alumbrado público.
En este sentido, afirmaron que las palmas adquiridas por el gobierno municipal del periodo 2011-2015, no resultan útiles para la zona, por su escasa resistencia a los fuertes vientos. También fueron consideradas de baja calidad por el grosor del material y la baja estatura de las mismas.
Po otra parte, Meneses indicó que la compra se realizó por un monto significativamente superior al valor de plaza, provocando un claro perjuicio económico a la administración pública municipal. En ese marco, agregó que las palmas se encuentran apiladas en la Planta Cementera Municipal ubicada en calle Elcira Sáez del barrio "progreso".
En este contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal detalló que la operación de compra fue llevada adelante con la firma “Caño Sur S.A.”, en tres etapas durante el año 2015. La primera consistió en la compra de 23 palmas de alumbrado público, por el monto de 473.110 pesos. Esta operación fue abonada el día 21 de julio, mediante concurso privado de precios.
Asimismo, la segunda adquisición consistió en la compra de 4 palmas por el valor de 82.280 y fue remunerada el 31 de agosto. A todo ello, mencionó la última compra de 6 palmas de alumbrado público, realizada el 17 de junio y por los que la Municipalidad pagó 123.420 pesos.
La pieza de apertura de la investigación, asegura que estas dos últimas adquisiciones se efectuaron a través de la modalidad de compra directa.
Con respecto al procedimiento de compra, Meneses afirmó que el mismo resultó violatorio, de las normativas existentes en la materia, por cuanto el Concejo Deliberante, no efectuó la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12, mediante la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones.
En dicha normativa, su artículo 4, establece: “Corresponde al Concejo Deliberante autorizar la contratación de ejecución de obras públicas municipales, su conservación y mantenimiento. En el acto de autorización el Honorable Concejo establecerá las modalidades de Contratación y aprobará en su caso el pliego de Bases y Condiciones dentro de lo establecido en la Ley XVI N° 46”.
Sobre la calificación legal, la parte acusadora, propuso que se investigue a los exfuncionarios municipales como presuntos coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública. Para finalizar su investigación, peticionó un plazo de seis meses.
A su turno, los abogados defensores realizaron un planteo de excepción de competencia del Tribunal, al entender que este tipo de trámites ameritan la intervención previa del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chubut, a los fines de que cuando el organismo de contralor, emita su dictamen, se establezca si corresponde avanzar en el ámbito del derecho penal.
En este marco, el exjefe municipal, utilizó su derecho a declarar en esta etapa del proceso. Balochi sostuvo que la compra de palmas de alumbrado público corresponden a la política de integración territorial desarrollada durante su gestión, en la cual se pavimentaron más de 100 cuadras.
También agregó que para esta operación se realizó el concurso de previos previsto por la ordenanza municipal. Con respecto a la calidad de los materiales, aseguró un informe realizado por profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmaba que las palmas adquiridas eran las adecuadas para el alumbrado público en ese sector de la localidad.
Luego de un cuarto intermedio, Nomarino, resolvió no hacer lugar a las postulaciones de los abogados defensores. Así las cosas, resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra los exfuncionarios municipales, bajo la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal, fijando el plazo de seis meses para que se terminen las tareas investigativas.
