Enarsa reconoce que los subsidios a la importación de gas crecerán casi un 100%

Lo reconoció el presidente de Ieasa (ex Enarsa), lo que abre un fuerte conflicto con las metas fiscales pautadas con el FMI.

La suba del petróleo y la reciente devaluación cambiaron totalmente el panorama del sector energético, abriendo un importante foco de conflicto en el frente fiscal por el aumento de subsidios que acarrea.

Hugo Balboa, presidente de Ieasa -ex Enarsa- reconoció este lunes, que la necesidad presupuestaria de la compañía estatal pasará de $14.800 millones a $29.000 millones para este año. Este incremento de casi el 100% de subsidios va a contramano de las metas fiscales acordadas con el FMI y complica las estimaciones de Hacienda.

Ieasa está cumpliendo un sendero de reducción de importaciones de gas a partir del crecimiento de la producción de Vaca Muerta que traccionó una suba de la producción de gas no convencional del 36,8% interanual durante el primer cuatrimestre. Más específicamente, el 48% de la nueva producción proviene de un solo yacimiento: Fortín de Piedra, perteneciente a la empresa Tecpetrol.

De esta manera, la ex Enarsa estimó una meta de 58 cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL), cuando en el 2017 habían sido 68. Aun así, la devaluación y el aumento del precio del Brent de 50 a 78 dólares, imposibilitarán la reducción de subsidios que era el verdadero objetivo para este año.

"Si había que aumentar las tarifas con el dólar a $20, ahora que está a $26 la situación es mucho peor", admitió Balboa, quien no ve socialmente viable este traslado de las condiciones macroeconómicas a los usuarios.

No obstante, afirmó que las tarifas de gas y electricidad son más baratas que otros servicios como la televisión por cable, internet o la telefonía móvil y que en este momento se encuentran en niveles inferiores a los del 2001, previo a la caída de la convertibilidad cuando regían precios internacionales.

El titular de la firma estatal confirmó que la provisión del gas importado de esta temporada invernal será cubierto en primer lugar por el insumo producido en Bolivia -cuyo precio tuvo un salto de 4,65 a 6,20 dólares el millón de BTU- y en segundo término por el GNL que se incrementó un 35% durante este año.

Si llegara a registrarse algún faltante, la diferencia sería cubierta por gas importado de Chile, que da mayor flexibilidad que el GNL por venir ya regasificado, pero que tiene un precio aproximado de 10 dólares el millón de BTU.

El diferencial entre el precio del fluido importado con los 5,26 dólares que pagan las distribuidoras por el insumo local, corre por cuenta de las arcas estatales. Y a pesar del incremento del precio local que tenía como objetivo ir convergiendo con el precio internacional, esta brecha se está aumentando a partir del nuevo contexto internacional.

Cómo anticipó LPO, el incremento de la tarifa del gas tendría que ubicarse alrededor del 55% para el segundo semestre, mientras que la electricidad lo haría en un 40%. Además del impacto de los dos componentes mencionados -dólar y precio del crudo- este porcentaje se origina por el aumento previsto del gas de boca de pozo que el Ministerio de Energía tenía estipulado pagarle a los productores locales y la evolución del índice de precios mayoristas (IPIM).

Mientras que el primer valor pasaría de 4,68 dólares el millón de BTU a 5,26 a partir de octubre, el IPIM -que tiene un pass through entre 0,85 y 0,90 en relación al dólar ya acumula un incremento del 13,8% durante el primer cuatrimestre sin contar con el efecto "turbulencia cambiaria".

Por lo tanto, si la cartera de Aranguren estipula que estos aumentos no serán posibles de trasladar a las tarifas, los subsidios energéticos serán muy superiores a los $29.000 millones ya confirmados.