Sobre subsidios y otras yerbas

El descalabro producido por el derrumbe del imperio económico levantado por el hoy procesado y detenido Cristóbal López y su grupo de socios produjo el cierre de algunas empresas y la caída en insolvencia de otras que sus propietarios y/o directores solicitaron su concurso preventivo de acreedores.
La nave insignia de este grupo era Oil, quien proveyó de fondos para la adquisición de nuevas empresas y financiar otras que no resultaban rentables pero que servían de alguna manera a los intereses del otrora poderoso grupo.

El dinero utilizado para “apalancar” -según los propios dichos de uno de los socios que hoy también se encuentra detenido- era el proveniente del impuesto a los combustibles que debía cobrarse al momento de su venta y depositarlo a la Afip.

Así se retuvieron y se utilizaron para esos fines aproximadamente $ 8.000.000.000,00 sin que las autoridades de la Afip hicieran nada para recuperarlos, otorgando planes especiales que, al parecer, no correspondían.

Dado que el origen de este grupo económico tuvo su comienzo en esta ciudad, algunas de sus empresas sufrieron las consecuencias de ese derrumbe. Entre estas se encuentra desde luego Oil, IGD SA, empresa editora del diario El Patagónico y la constructora CPC cuyas obras fueron el aterrazamiento del cerro Chenque, la doble trocha Comodoro/Caleta y obras en el acueducto Musters/ Comodoro.

Una de las consecuencias de esta implosión del grupo fue la imposibilidad de seguir recibiendo fondos provenientes de la retención de impuestos y contribuciones lo que derivó en la imposibilidad (?) de afrontar el pago de los sueldos.

Es así que particularmente los empleados de CPC y de El Patagónico tuvieron -y tienen- serios retrasos en el pago de sus sueldos, lo que derivó en varias protestas y manifestaciones, con lo que obtuvieron del gobierno que mediante la modalidad de “subsidios” se hiciera cargo del pago de al menos parte de los sueldos de estos.

Resulta triste ver que trabajadores se vean privados de percibir sus sueldos con la regularidad que les corresponde, pero en realidad no es el Estado quien debe proceder a hacerse cargo de estos, especialmente cuando los responsables de esta situación tienen cuantiosos bienes con cuya liquidación podían haberse hecho cargo del pago esas deudas pero prefirieron mantener la situación provocando intencionadamente o no un conflicto social.

La sociedad en su conjunto no tiene por qué hacerse cargo del pago de los sueldos de los empleados de empresas quebradas; la ley establece cómo y cuándo estos cobrarán sus haberes del producido de la liquidación de los bienes de las empresas concursadas, de no ser así cualquier empresa tenga mil o cuatro empleados (la cantidad no cuenta, lo que cuenta es la igualdad de tratamiento) y se encuentre imposibilitada de pagar los sueldos debería ser asistida por el Estado mediante un subsidio, máxime cuando el propio Estado provincial se encuentra en serias dificultades para el pago de los haberes, tanto de los empleados propios y de los pasivos, que sufren retrasos y negativas de recibir aumentos.

Como principio el Gobierno no debería disponer ligeramente de los dineros que no son propios ni de los gobernantes sino que son de toda la sociedad, para mantener artificialmente una empresa mediante subsidios y/o contrataciones injustificadas debido a su falta de competencia y efectividad.

Esto supone un perjuicio frente a otras empresas que deben afrontar el cumplimiento de sus obligaciones tanto impositivas como laborales y previsionales en término y deben competir con aquellas que se encuentran subsidiadas.

Se constituye así una competencia desleal y a la vez una injusticia hacia trabajadores y pasivos frente a quienes está obligado el Estado.

Poca gracia le haría al comerciante que se encuentra al día con sus obligaciones si ve que el comercio de la vereda de enfrente dedicado al mismo rubro y que no paga ni los sueldos ni sus impuestos y que además se encuentra en convocatoria de acreedores a 1.800 Km de distancia, con lo que se asegura la licuación de sus pasivos, sigue trabajando y un subsidio oficial se hace cargo del pago a sus empleados. Y no solo eso, sino que además lo contrata recibiendo igual trato que él.

Distinto sería el caso en el que la empresa cierre y los empleados se encuentren sin trabajo, en cuyo caso por solidaridad, podría aceptarse que se los subsidie por un breve plazo dándosele oportunidad de que encuentren un nuevo empleo, porque si bien ellos no son totalmente responsables de la quiebra de la empresa, tienen alguna responsabilidad dado que, como todos saben, del buen trabajo de los empleados depende en mayor medida el éxito de la misma. Una empresa o comercio con malos empleados, que no trabajan a conciencia, que faltan injustificadamente, simulan enfermedades, etc., la llevarán indefectiblemente a la ruina y lógicamente los arrastrará a ellos.

Por otra parte, aceptaron libremente empleo, conociendo perfectamente quiénes eran sus empleadores, abandonando en algunos casos su empleo anterior en otra sólida empresa. Así, cada uno es responsable de sus acciones y debe aceptar las consecuencias de sus decisiones.

Es por esto que -como bien lo expresa el dicho: “la caridad bien entendida empieza por casa”- si no hay plata para los empleados propios menos debería haberla para los ajenos.