Los tres camaristas en la mira del Gobierno

Ballestero se defiende mientras evalúa su jubilación, Farah analiza pedir el traslado a Mar del Plata, y Ana Figueroa resiste

"Si limpiamos la Cámara Federal y la de Casación, limitamos la capacidad de daño de los jueces federales. De los 11 actuales, hay 8 malos y 3 buenos". En forma descarnada, un integrante del Gobierno revela cuál es la estrategia para renovar la integración de esos dos tribunales clave. La Cámara Federal es la que revisa las decisiones de los magistrados de Comodoro Py que investigan a los funcionarios en causas de corrupción. Casación es el máximo tribunal penal, y segunda instancia revisora luego de la Cámara.

Como ejemplo, menciona la prisión domiciliaria que le otorgó el juez Luis Rodríguez a Omar "Caballo" Suárez, luego revocada por la Cámara Federal, y la decisión que tomará en las próximas semanas la Sala I de Casación respecto del fallo de los camaristas Jorge "Pati" Ballestero y Eduardo Farah, que excarcelaron a Cristóbal López y cambiaron la carátula de la causa de fraude a evasión.

Tanto Ballestero como Farah figuran primeros en la lista de los jueces del fuero federal que pretende correr el Gobierno, ya sea aceptando su jubilación, o avanzando con las denuncias en el Consejo de la Magistratura para obligarlos a dejar su cargo.

En tercer lugar, figura la integrante de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, cercana al kirchnerismo.

Desde el cambio de gobierno, el oficialismo en el Consejo -organismo responsable de la remoción y selección de jueces – ha logrado con la ayuda de aliados, destituir o forzar al retiro de más de media docena de magistrados cuestionados.

Ballestero y Farah quedaron en el ojo de la tormenta luego de las críticas públicas del presidente Maurico Macri, y de la denuncia de la diputada Elisa Carrió en el Consejo de la Magistratura para que se investigue si recibieron coimas para beneficiar a Cristóbal López.

El expediente quedó a cargo del consejero oficialista Pablo Tonelli, quien abrió este jueves las declaraciones juradas de Ballestero. "Vamos a ver si hay alguna irregularidad, y de ser así, le pediremos explicaciones", le dijo a Infobae el diputado del PRO.

Consultado por este medio, Ballestero se defiende: "No me preocupa que hayan abierto mis declaraciones juradas. No soy Freiler". Y subraya lo que -según él- lo diferencia de su ex colega de la Sala I, destituido por juicio político en noviembre pasado, y con quien durante años formó una dupla que falló en sintonía con los deseos del gobierno kirchnerista. "Tengo todo declarado y hace mucho. Ya me hicieron una denuncia anterior y fue archivada. No tengo sociedades ni nada en el exterior. Tengo un solo auto modelo 2011, no tengo moto ni barco. Puedo explicar mi patrimonio. Vendí mi casa en un country en 530.000 dólares, y con ese dinero pagué dos años por adelantado del alquiler de otra casa de fin de semana".

"Me gustaría irme bien"

Los rumores circularon fuerte en los últimos días. ¿Hay una negociación entre Ballestero y el Gobierno para que anticipe su jubilación, a cambio de cerrar la denuncia en el Consejo?

Ballestero no desconoce el malestar del Gobierno hacia él y el interés por acelerar su salida, pero asegura que viene evaluando jubilarse antes de que estallaran los cuestionamientos por el fallo a favor de López. "Pedí la jubilación el año pasado y está en trámite. Tengo la edad y los aportes. Tengo siete stents y un problema de presión arterial. Mi médico me dijo que me replantee si sigo trabajando o no. Soy todavía una persona joven, con 62 años, cinco nietos y tres hijas. No la estoy pasando bien. Quiero vivir y priorizar mi salud", afirma.

Sin embargo, admite que no quiere retirarse acorralado por las sospechas. "Tengo 43 años de Tribunales. Entré con Isabelita. Me gustaría irme bien. No tengo nada que ocultar".

Juan Bautista Mahiques, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y hombre clave en ese organismo, niega cualquier negociación: "La investigación no se negocia, se cierra si corresponde". Su colega Tonelli también la desmiente: "Si encontramos algo para avanzar, avanceremos. Nuestra premisa siempre es hacer lo que corresponda".

Sin embargo, Mahiques admite que está a favor de "darle a los jueces la posibilidad de que se vayan, para hacerlo más rápido, en lugar de arriesgarse a un final incierto en un proceso de juicio político. Lo que buscamos es que se renueve la Justicia". Y cita el ejemplo de Norberto Oyarbide que optó por jubilarse a principios del 2016, acorralado por las denuncias en su contra en el Consejo.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoce que se enteró de la posible decisión de Ballestero de jubilarse por emisarios informales. "Estamos esperando que la tome. La jubilación le corresponde. Solo nos tiene que avisar", afirma. La Anses tendría todo listo para otorgársela cuando la requiera.

Ballestero no ignora que tras los dichos de Macri de que "se indignó" con el fallo sobre López, y la decisión del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de pedirle al Consejo de la Magistratura que investigue cómo se conformó la Sala I para desempatar entre Ballestero y Leopoldo Bruglia, sus apoyos son hoy escasos.

En su entorno cuentan que esa decisión de la Corte lo tomó por sorpresa, ya que no hubo un llamado previo para consultarlo sobre los motivos por los que convocó a Farah, integrante de la otra Sala, "algo que hubiera sido lo lógico". El voto de Farah en sintonía con el de Ballestero fue el que determinó que López saliera de prisión y viera su situación judicial aliviada. Ballestero defendió esa decisión por escrito ante el Consejo por la conexidad con otra causa en la que Farah había intervenido anteriormente.

En el Ministerio de Justicia admiten que con Farah sí hubo un diálogo informal y que se está evaluando su traslado a otra jurisdicción. "Quiere irse de Comodoro Py. Una opción es Mar del Plata, donde él ya fue juez, y podría pasar a la Cámara Federal de esa ciudad. Lo está analizando por un tema personal y familiar", informa uno de sus interlocutores.

Por lo pronto, la denuncia de Carrió en el Consejo contra Farah no avanzó. "Si bien está mencionado en la presentación como que podría haber cobrado una coima, no hay algo concreto por ahora", reconoce Tonelli.

Si se concreta la salida de Ballestero y Farah, la Cámara Federal va a quedar en una situación inédita: de seis cargos en las dos salas, quedaría un solo juez en cada una. Bruglia que reemplazó a Freiler en la Sala I – y cuyo traslado definitivo desde el TOF 4, Macri acaba de ratificar por decreto – , y Martín Irurzun en la Sala II, luego de la jubilación de Horacio Cattani a principios de este año.

Una de las dos vacantes de la Sala I – la correspondiente a la renuncia de Gabriel Cavallo en 2008- sería cubierta en los próximos meses por Mariano Llorens, cuyo pliego aguarda el acuerdo del Senado. La audiencia en la Cámara alta -paso previo a la aprobación- está prevista para el 8 de mayo, por lo que se estima que juraría a mediados de año. Aún así, el Ejecutivo tendrá tres vacantes por cubrir en un Tribunal estratégico.

La otra camarista apuntada por el Gobierno es Ana María Figueroa, integrante de la Sala I de Casación Penal, con posiciones cercanas al kirchnerismo. También enfrenta varias denuncias en el Consejo de la Magistratura, que instruye en este caso Mahiques.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires la denunció por la demora en la tramitación de causas en su Sala, y por su pedido de continuar interviniendo en los expedientes vinculados a la AMIA luego de haber dejado de subrogar la Sala II. También fue denunciada por su rol en el debate por la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el Memorandum con Irán.

La última denuncia la realizó su colega Juan Carlos Gemigniani, con quien viene sostiendo fuertes enfrentamientos. El camarista la acusó de estar involucrada en un hecho de corrupción por aceptar equipamiento electrónico para Casación de parte del Ministerio de Planificación, siendo que Julio De Vido tenía causas sobre las que el Tribunal debe resolver.

"En el marco de ese convenio, como el primer piso de Comodoro Py no tenía equipo de videoconferencia, averiguamos con la presidenta del Consejo si Casación podía recibir muebles y equipamientos electrónicos. Eran dos equipos de videoconferencia que se recibieron el 17 de diciembre del 2015. Lo informé en un acto público de balance de mi gestión. Estaban el ministro Garavano, y funcionarios de Casación. Fue un acto transparente entre dos poderes del Estado. No hubo dádivas de ningún tipo, como dijeron. Yo no tuve nunca vínculo con De Vido, más allá de lo institucional".

Figueroa relata que "los equipos quedaron depositados en una sala, bajo llave. En julio del 2016, Gemigniani quiso hacer una constatación del contenido de las cajas, pretendiendo desconocer de qué se trataban, y le pidió a una secretaria letrada de la Sala I – María Amelia Expucci – que la realizara. Ante su negativa, ordenó detenerla y dejarla incomunicada". Esta situación derivó en una denuncia por privación ilegítima de la libertad de Expucci contra el camarista. "La denuncia que me hizo Gemigniani en el Consejo fue para tapar ese escándalo. Nunca en la historia de Tribunales un magistrado había ordenado detener a una funcionaria judicial, y más siendo mujer", asevera.

En este expediente abierto en el Consejo, la camarista ya hizo su descargo por escrito. "Hay contradicciones con lo que declaró Gemigniani y otro secretario", señala Mahiques, instructor de la investigación. Informa que el mes próximo comenzarán a tomarle testimoniales a secretarios y jueces de Casación.

Ante la pregunta de si siente esta denuncia como una presión, Figueroa responde: "No creo que haya ningún elemento para una sanción disciplinaria por un convenio entre poderes, algo usual en distintas áreas en todo el país". Sin embargo, advierte: "Se están viendo momento complicados. Hay avances contra jueces que fallan en contra del gusto del Gobierno y, curiosamente, esos jueces se están jubilando. Yo no me pienso jubilar en el corto plazo".