Piden que la Corte explique anulación del tribunal 9

El Consejo de la Magistratura le solicitó a la Corte Suprema aclarar los alcances de la acordada 4, que disolvió el Tribunal Oral Federal 9 que iba a juzgar a Cristina Kirchner por presunto encubrimiento a los acusados de volar la AMIA.
El plenario del Consejo, convocado en forma extraordinaria, resolvió por mayoría remitir un texto a la Corte solicitando precisiones en su acordada, además de proponer que los haberes de los jueces del Tribunal Oral Criminal (TOC) 10, convertido en Tribunal Oral Federal (TOF) 9 por el Consejo de la Magistratura, sean cubiertos por la Cámara del Crimen hasta tanto se resuelva su situación.

La única disidencia en la votación fue la del diputado Rodolfo Tailhade (FpV-PJ), quién denunció que “hace dos años se vienen armando tribunales especiales para juzgar a la expresidenta” y que el TOF 9, sin estar habilitado, condenó a cuatro años de prisión efectiva a un ciudadano por un delito federal.

Con el objetivo de armonizar las acciones y la comunicación con los órganos del Poder Judicial, el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, inició una gestión ante la Corte Suprema para propiciar una reunión entre los ministros y los consejeros la semana próxima, a partir de una iniciativa del senador Mario Pais.

Dentro del bloque de consejeros afines al oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (Pro) expresó la postura más autónoma cuando se pronunció por no remitir ninguna consulta a la Corte, entendiendo que lo actuado por el Consejo en la transformación de juzgados ordinarios en federales se ajustó a derecho, y propuso sólo resolver la consulta de la Cámara Federal de Casación Penal sobre quién se encarga de los jueces del TOF 9.

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El radical Mario Negri recordó que la Ley 27.307, de Fortalecimiento de los Tribunales Orales, mediante la cual se transformó el TOC 10 a TOF 9, ?no fue declara inconstitucional y fue votada por amplia mayoría en ambas cámaras, lo cual la reviste de una gran legitimidad?.

“Una acordada de la Corte no puede hablar de la inconstitucionalidad de una ley”, reforzó su argumento el presidente del interbloque Cambiemos y señaló: “No me gustaría que rectifiquemos nuestros propios actos”.

Luego de un cuarto intermedio para buscar consenso, el plenario reinició las deliberaciones ya con una posición de mayoría que acordó que las funciones de superintendencia (pago de haberes a los jueces) no son competencia del Consejo y sí de la Corte,

Además, se acordó requerir al máximo tribunal que explicite su criterio para habilitar a los tribunales transformados por el Consejo.

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