Las contradicciones en el protocolo del caso de la nena violada que pidió abortar

Rossana Chahla

A pesar del pedido de la niña de 11 años y su madre de interrumpir el embarazo, desde el Ministerio de Salud de Tucumán decidieron “salvar las dos vidas”.

“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, había dicho en Cámara Gesell la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela que el martes por la noche fue sometida a una cesárea en el Hospital del Este “Eva Perón” en Tucumán por decisión del Ministerio de Salud. Tanto la nena como su madre habían reiterado en varias oportunidades su intención de llevar adelante la Interrupción Legal del Embarazo (ILE, vigente en el país desde 1921), pero desde el gobierno decidieron “salvar las dos vidas”.

Pasó casi un mes entero desde que se conoció el embarazo de la menor hasta llegar a esta situación que despertó las protestas de militantes de los dos bandos. Sin embargo, lo cierto es que desde el Ministerio de Salud local, encabezado por Rossana Chahla, no habría cumplido con el protocolo estipulado para estos casos. Incluso, hasta la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se expidió en contra del accionar del gobierno.

En un comunicado, el máximo órgano judicial de la provincia cruzó al Ministerio de Salud por anunciar de manera engañosa que llevarían adelante una Interrupción Legal del Embarazo, pero al final decidieron “salvar las dos vidas”. Los jueces cuestionaron que se haga mención al supuesto cumplimiento del fallo FAL; es decir, una finalidad que no está contemplada por esa doctrina, que ampara el aborto no punible en este tipo de casos, en donde se comprobó un abuso sexual, consignó El Tribuno.

“El sistema de salud nunca obstaculizó el proceso de interrupción del embarazo ni dilató una situación. Quiero agradecer a toda la gente que intervino en este proceso de atención a la niña. Escuchamos a la niña y a su madre, estamos dispuestos a contarles cómo han sido todos los hechos”, afirmó la ministra de Salud Rossana Chahla en conferencia de prensa. “Hemos visto y escuchado algunas situaciones que no son las correctas, las verdaderas, y queríamos aclarar. Ha sido un caso que nos ha golpeado muy de cerca sobre todo a las que somos madres. Tenemos tres patas: una parte médica, una legal y la que prima: la parte humana”, fue la introducción de la ministra. Además de estos contradicciones en el protocolo en el caso de Lucía, que no era su nombre real y sólo se utilizó para garantizar el derecho a la intimidad de la menor, también se suma a que el máximo exponente de la Iglesia Católica de Tucumán, el arzobispo Carlos Sánchez, reveló el nombre de la nena en un audio que viralizó entre sus feligreses.

En medio de la controversia por si realizar un aborto o continuar con el embarazo, sumado a la traumática situación que vivió la menor de edad, llevó a la niña a presentar “ideación suicida” por lo que debió ser internada en la Dirección General de Salud Mental. La cronología del caso.

El embarazo de la menor se conoció hace casi dos meses en un centro de atención primaria de la salud del Este de Tucumán, cuando la niña cursaba la semana 16 de gestación. La víctima había acudido con su madre al establecimiento sanitario por dolores de panza y allí reveló que fue violada por la pareja de su abuela. La directora del Hospital Eva Perón, dio detalles de cómo se fueron dando los hechos.

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“El 31 de enero es traída por una ambulancia para control de embarazo producto de abuso sexual, según la derivación. Se le realizó una radiografía y se constata el embarazo, con una edad gestacional determinada por longitud femoral de 21,2 semanas. La médica tratante le explica a la madre de la niña los riesgos de continuar con el embarazo o de hacer una interrupción. Ante lo cual, la madre de la niña manifiesta su deseo de continuar con el embarazo y de hacerse cargo del niño por nacer. Firmado de puño y letra esta petición”, expresó Ávila.

Y continuó: “La médica tratante citó a la paciente a los 15 días para controles. El 7 de febrero la paciente es traída de nuevo en una ambulancia, acompañada por su madre, quien consulta planteando la posibilidad de la interrupción del embarazo y solicita que se informe cómo es el procedimiento y sus riesgos. La madre, en presencia de su hermano y de su esposo, solicita tiempo para pensar respecto a la decisión”.

Según el relato de la directora, el 11 de febrero retorna la niña al hospital con un pedido de internación por parte de la Dirección General de Salud Mental por “ideación suicida”. El 19 de febrero, la jueza interviniente solicita información diaria de la menor y un plan de acción al equipo de salud mental de la paciente, planificando salidas de la niña. “La madre y el padre solicitaron el 25 de febrero, con consentimiento informado y declaración jurada, realizar la interrupción legal del embarazo”, terminó la directora. Sin embargo, a pesar del pedido de la niña y la familia, el Sistema de Salud Provincial de Salud (Siprosa) tomó la decisión de realizar la cesárea.

Cecilia Ousset ,una de las médicas que estuvo en la intervención, comentó que cuando ella llegó al hospital “nada fue como habían dicho”. Y agregó que cuando ingresaron al quirófano, el anestesista, el instrumentador, la enfermera y todas las personas que estaban allí se declararon objetores de conciencia. “Estoy a favor del aborto legal, y anoche casi se vulneran de nuevo todos sus derechos”, indicó la médica en declaraciones al canal de noticias TN. Al referirse a la salud del niño que nació con 600 gramos, señaló: “Hay muy bajas probabilidades de sobrevida por la edad gestacional que tenía”. La madre de la niña hizo la denuncia y el sospechoso de 65 años fue detenido por orden de la fiscal de Instrucción en lo Penal de la capital tucumana María del Carmen Reuter.

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