Carrió vuelve a la carga para impulsar el juicio político contra el juez acusado de cobrar sobornos
La confesión de Carolina Pochetti ya tuvo su repercusión casi inmediata en el Consejo de la Magistratura. La Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió denunciará de nuevo hoy al juez federal Luis Rodríguez a raíz de la acusación por haber cobrado un supuesto soborno en dólares del exsecretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, para beneficiarlo en una causa judicial.
Los diputados Paula Oliveto, Juan López y Mariana Zuvic presentarán una ampliación de la denuncia que habían enviado en noviembre al organismo encargado de evaluar la conducta de los jueces para que Rodríguez sea desplazado de su cargo mediante un juicio político, un proceso que suele demorar varios meses.
"Qué mayor perjuicio a la Justicia, qué mayor deshonra al país o a la investidura pública, qué mayor impedimento para el correcto ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, que el haber observado tan evidente conducta tendenciosa, maliciosa e irregular", afirmaron en su escrito.
El juez Rodríguez es investigado en dos expedientes en el Consejo, que se abrieron a raíz de la denuncia de la Coalición Cívica y de otra presentación realizada por el abogado Ricardo Monner Sans. Los expedientes están a cargo del consejero Diego Molea, que pedirá en las próximas horas la apertura de las declaraciones juradas del magistrado con su correspondiente anexo reservado, informaron fuentes judiciales.
Rodríguez tomó la causa judicial que se desprendió de la aparición de Muñoz en los Panama Papers y favoreció a los imputados con decisiones clave. A pesar de los reiterados pedidos del fiscal Carlos Stornelli para detenerla, el juez aceptó un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Pochetti. Mientras el magistrado les aseguraba la libertad, el entorno de Muñoz movió los US$ 70 millones que estaban en el exterior: vendieron las propiedades a través de un grupo de testaferros, todos ahora investigados por la Justicia.
La Cámara Federal desplazó en octubre al juez Rodríguez de esa causa al considerar que había beneficiado a los Muñoz en reiteradas ocasiones. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia recordaron, además, que Rodríguez se había opuesto a los pedidos de Stornelli de congelar las cuentas bancarias en Estados Unidos, aún cuando había evidencias de que se estaban moviendo los fondos, con el riesgo de que desaparecieran.
El primer pedido de juicio político de Carrió llegó al Consejo inmediatamente después de esa decisión. "Aun hoy nos preguntamos cómo es posible que el juez Rodríguez, con la información que presentamos de sociedades, propiedades y posibles testaferros no haya instruido simples medidas de prueba que de haberse producido hubieran confirmado todos y cada uno de los hechos obrantes en la causa", afirma el escrito de la Coalición Cívica.
Los diputados aseguraron que se trata de "falta de idoneidad no sólo profesional y técnica, sino también moral". Los "errores" de Rodríguez "van más allá del aspecto opinable de la resolución jurídica porque es un juez ha incumplido con su deber", agregaron.
