Los fiscales piden prisión para Rocca y Abal Medina

Los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar al empresario Paolo Rocca sin prisión preventiva. Solicitaron lo mismo para el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo pidieron ayer que se dicte la prisión preventiva al CEO de Techint, Paolo Rocca, y al exjefe de Gabinete del kirchnerismo Juan Manuel Abal Medina, entre otros, en la causa por los cuadernos de la corrupción.

Con este requerimiento, los fiscales apelaron ante la Cámara Federal la decisión de procesarlos pero dejarlos en libertad tomada por el juez del caso, Claudio Bonadio.

“Se ha probado que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial, ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público”, sostuvieron los fiscales en el dictamen que será analizado por la sala I de la Cámara Federal para decidir si hace lugar o no al pedido.

El pedido de los fiscales también abarca al exsecretario de Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, y a los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda. Según argumentaron Rivolo y Stornelli, estos procesamientos sin prisión preventiva carecen de fundamentos.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Carlos Bertuzzi intervendrán para resolver si confirman o no los procesamientos dictados por Bonadio, y eso incluye la decisión de dejar en libertad o dictar prisión preventiva en cada caso.

Por eso los fiscales pidieron al Tribunal de Apelaciones que confirme los procesamientos de Rocca, Abal Medina y los demás acusados, entre ellos, el titular de la Bolsa de Comercio de Rosario -ahora con licencia- Alberto Padoan, Hugo Martín Larraburu y Rubén Aranda, pero que les dicte la prisión preventiva.

Los fiscales reclamaron esa decisión “sin perjuicio de la posibilidad de estarse a la libertad provisoria ya dispuesta para algunos de ellos”.

Los roles de los acusados “adquieren una singular trascendencia puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades de quienes decidieron participar”, agregaron los fiscales.

La fiscalía aludió a un “pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios”, de cuyos “beneficios muchos de ellos se valieron o usufructuaron”.

“En lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos, ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva”, advirtieron los fiscales.

Rocca, Abal Medina, Padoan, Larraburu (exsecretario del exjefe de Gabinete) y Aranda fueron procesados como supuestos miembros de la asociación ilícita que montó una estructura ilegal de recaudación entre empresarios beneficiarios de obra pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Sobre esta última, en la primera resolución dictada en la causa, Bonadio la consideró organizadora de la asociación ilícita, la procesó y le dictó la prisión preventiva, que no se concretó porque la actual senadora nacional tiene fueros parlamentarios.

Este fallo es el primero sobre el que se expedirá la Cámara Federal e incluye además al detenido exministro de Planificación Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, el autor de los cuadernos, el remisero Oscar Centeno, y a empresarios detenidos y otros excarcelados, porque fueron aceptados como arrepentidos.

Respaldo

Las empresas Tenaris y Ternium, de las cuales Paolo Rocca es presidente, expresaron su postura ayer respecto al pedido de los fiscales al indicar que esta determinación del Ministerio Público.

“El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente. La Cámara de Apelaciones analizará el pedido de los fiscales al pronunciarse sobre la decisión del juez Bonadio (la cual ha sido apelada por los fiscales y por las restantes personas involucradas en dicha decisión), oportunidad en la que también considerará la apelación del Sr. Rocca. Paolo Rocca se encuentra actualmente en viaje de negocios”, expresaron.

La situación de los principales acusados

Por ahora Rocca y Abal Medina están procesados sin pedido de detención.

™La semana pasada, el empresario Paolo Rocca había apelado su procesamiento como miembro de una “asociación ilícita” en la causa sobre el presunto pago de coimas en la obra pública y recibió, además, el apoyo de las principales empresas del grupo Techint para continuar en el cargo.

El procesamiento de Rocca se basa en el presunto pago de sobornos por parte de un ejecutivo de Techint a funcionarios kirchneristas: sin embargo, en su declaración indagatoria el 3 de octubre pasado, Rocca había asegurado que no estaba al tanto de los pagos indebidos que admitió haber hecho al Gobierno anterior el ejecutivo del grupo Luis Betnaza.

Betnaza reconoció ante la Justicia que hizo pagos ilegales a la administración de Cristina Kirchner en 2008: aseguró que mantuvo “varias reuniones” con Cristina Kirchner para solicitarle “al Gobierno argentino que intercediera” como mediador ante el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por “el peligro de nacionalización” de una de las firmas que el holding liderado por Rocca tenía en ese país.

Para la campaña

Abal Medina, por su parte, había reconocido en Comodoro Py que instruyó a su secretario a recibir dinero en negro de empresarios que creía aportaban para la campaña del FPV por propia voluntad.El exjefe de Gabinete aparece nombrado en los escritos de Centeno, exchofer de Baratta, quien fue el número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación: de acuerdo con los cuadernos, el 5 de septiembre de 2013 su secretario Larraburu habría recibido dinero de manos del empresario arrepentido Juan Carlos de Goycoechea -exdirectivo de la española Isolux- y luego se lo habría entregado a su jefe.

Larraburu habría señalado que el receptor final de la plata era Juan Carlos “Chueco” Mazzón, ya fallecido, que se ocupaba de repartirla: consultado sobre los destinatarios de los fondos, mencionó a los dirigentes camporistas José Ottavis y Andrés “Cuervo” Larroque entre los dirigentes que manejaron ese dinero de la obra pública para hacer proselitismo.

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