Detuvieron por corrupción al exvicegobernador de Mina Gerais y a Joesley Batista

Joesley Batista

Las acciones adelantadas por la Policía corresponden a un desdoblamiento en el caso Lava Jato, la operación que desveló el mayor escándalo de corrupción en Brasil.

Al menos 15 personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno de Minas Gerais y ejecutivos del gigante cárnico JBS, fueron detenidas este viernes por la policía, acusadas de participar en una red de sobornos en el ministerio de Agricultura durante el mandato de la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, informaron fuentes oficiales.

Entre los detenidos figura el empresario Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, quien ya había sido arrestado el año pasado tras irregularidades presentadas en unas declaraciones que dio en el marco de un acuerdo de colaboración con la justicia y que pusieron contra las cuerdas al presidente del país, Michel Temer, al ser acusado de corrupción.

También fue detenido el actual vicegobernador del estado de Minas Gerais, Antonio Andrade, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB) -formación que lidera Temer-, quien fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Rousseff, informó este viernes la Policía.

Desdoblamiento de Lava Jato

En la operación, la Policía salió el viernes a la calle para cumplir 19 mandatos de prisión temporal y 63 allanamientos en los estados de Brasilia, Minas Gerais, Sao Paulo, Río de Janeiro, Paraíba y Mato Grosso.

Según las investigaciones, en el ministerio de Agricultura, la red corrupta se encargaba de recaudar sobornos de la JBS para beneficiar a políticos del MDB a cambio de beneficios para las empresas del gigante sudamericano.

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Batista ya había sido denunciado por la Fiscalía por supuestas irregularidades en las negociaciones que desembocaron en un acuerdo de colaboración entre las autoridades judiciales y ejecutivos de la compañía, quienes el año pasado acusaron de corrupción a centenares de políticos, entre ellos al propio Temer.

El acuerdo de cooperación, que en principio le valió a Batista para mantener la libertad, fue anulado por la Fiscalía General cuando se comprobó que en sus declaraciones había omitido información sobre diversos casos o simplemente había mentido.

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