Causa Embrujo: defensores cuestionaron incorporacion de algunas pruebas

Los abogados defensores de los doce imputados en la causa “Embrujo”, pidieron que las intercepciones de llamadas telefónicas que constan en la investigación, no sean tenidas en cuenta como pruebas válidas en el juicio oral y público pronto a realizarse.

El cuestionamiento lo realizaron en la audiencia preliminar que se realiza en la Oficina Judicial de Rawson que se inició en el día de ayer y que prevé extenderse durante toda la jornada de mañana jueves. Los abogados defensores Damián D´Antonio, Omar Lopez y Fabián Gabalachis expusieron los argumentos principales, los que fueron escuchados atentamente por el juez Sergio Piñeda, los fiscales investigadores y los querellantes. Se aguarda que estas dos últimas partes en el proceso, expongan sus posturas y argumentaciones ante los cuestionamientos de los defensores.

En la audiencia de este miércoles, el abogado D´Antonio que defiende al maestro mayor de obras Jorge Godoy, pidió el sobreseimiento de su cliente cuestionando además la imputación en su contra, la de partícipe necesario en el enriquecimiento ilícito del que también –entre otros cargos- está imputado Diego Correa, considerado el jefe de la asociación ilícita. Godoy es un empleado de la Policía Provincial adscripto desde el año 2011 en la Unidad Gobernador, área del gobierno de la provincia del Chubut de la que era titular Correa durante la última gestión del extinto gobernador Mario Das Neves.

Godoy tuvo a su cargo la dirección de la obra de construcción de una costosa vivienda que poseía Correa en Playa Unión con pileta de natación incluida y tres dúplex aledaños. Tenía un poder de Correa para realizar todo tipo de trámite en función de esta tarea. Mientras que para D´Antonio imputar a Godoy de estos cargos “es como imputar también a los albañiles que ejecutaron la obra o al arquitecto que la diseño”, para el fiscal general Omar Rodriguez “Godoy no podía desconocer que con el sueldo de 40 mil pesos mensuales, era imposible construir esa vivienda”, destacando en otra parte de su argumentación que solo la parrilla costó 270.000 pesos “y quien firmó el contrato para adquirirla fue Godoy por lo que con el poder que tenía ocultaba las maniobras de Correa”. Los querellantes adhirieron por unanimidad la postura de los fiscales.

El fiscal Sergio Piñeda se encuentra tomando nota de las posturas de todas las partes, para luego resolver y así fijar las pautas del debate que se avecina en juicio oral y público.

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