Ordenan investigar el financiamiento de la campaña presidencial de 2015

Apunta a las campañas de Cambiemos, Frente para la Victoria, Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) y Compromiso Federal.

La Cámara Nacional Electoral ordenó hoy que se profundice la investigación sobre supuestas irregularidades advertidas en las auditorías contables de las campañas presidenciales de 2015 de Cambiemos, Frente para la Victoria, Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) y Compromiso Federal.

Los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera resolvieron cuatro apelaciones planteadas contra la desaprobación de las rendiciones de cuentas de las campañas de 2015: en sus fallos, los camaristas señalan que el juzgado de primera instancia deberá avanzar con la investigación de lo informado por las auditorías contables, con el objeto de “conocer efectivamente el origen y destino de los fondos de campaña”.

La decisión judicial apunta a las campañas de las PASO, generales y balotaje de 2015.

Los postulantes que habían competido en los frentes electorales involucrados en aquellos comicios fueron Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, por Cambiemos; Daniel Scioli, por el Frente para la Victoria; Sergio Massa y José Manuel De la Sota, por UNA; y Adolfo Rodríguez Saá, por Compromiso Federal.

Entre las principales cuestiones que deberán ser investigadas, la CNE enunció “la necesidad de corroborar la autenticidad del origen de algunos aportes privados”, para lo cual la Cámara requirió que las personas que figuran como aportantes “confirmen que ellos efectivamente hicieron las contribuciones”.

Además, los juzgados tendrán que detectar la posible existencia de aportes “que podrían encuadrar en las prohibiciones legales”, por ejemplo de empresas, y frente a esta posibilidad “se indica la necesidad de citar a declaración testimonial a personas que tienen un vínculo relevante con personas jurídicas que carecen de capacidad legal para contribuir al financiamiento de los partidos políticos”.

Finalmente se deberá corroborar “la existencia de gastos de campaña no declarados, que fueron detectados a través de revelamientos y monitoreos dispuestos por la Cámara Nacional Electoral”, tales como publicidad en vía pública, actividad en redes sociales, gastos informados por proveedores y no declarados por los partidos, publicidad en medios gráficos, e incluso gastos de campaña anticipados, es decir, producidos antes del inicio del período legal.

Asimismo, el máximo tribunal electoral del país reiteró “la necesidad de ampliar la composición del Cuerpo de Auditores Contadores, atento al volumen de información que debe ser fiscalizada y a la necesidad de acelerar los tiempos de tramitación y resolución de este tipo de causas”.

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