El Estado decreta emergencia carcelaria en la provincia

El ministro Massoni declaró que se debe a la “falta de plazas en distintos lugares de detención y comisarías”.

En Chubut el 62% de los lugares de detención están completos o superpoblados, y el resto está inhabilitado para recibir a nuevos reclusos. Así lo admitió el Gobierno provincial, que a través de un decreto sancionó la Emergencia Carcelaria en la provincia, una problemática que data de hace tiempo y que hasta ahora no tuvo una respuesta concreta.

El Gobierno publicó la normativa en el Boletín Oficial y argumentó las razones: Como primera medida recordó lo que dicta la Constitución Provincial, que establece que “los lugares de detención serán seguros, sanos y limpios y constituyen centros de recuperación y trabajo, en los que no puede privarse al individuo de la satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y reglamentaciones que se dictan”.

En ese sentido, aseguró que a “efectos de materializar esta directiva constitucional, el Poder Ejecutivo ha impulsado una política penitenciaria que incluye grandes inversiones en infraestructura carcelaria, como así también la formación y capacitación de las fuerzas de seguridad encargadas de la custodia de los reos, y la adquisición de dispositivos electrónicos para la prisión domiciliaria”. Y además “ha propuesto la ejecución de dos nuevas alas en el Instituto Penitenciario Provincial N° 1 de la ciudad de Trelew”.

Sin embargo, “a pesar de los enormes esfuerzos realizados, la realidad carcelaria evidencia un escenario crítico”, asegura el decreto. Y sobre ese punto, admite, que el 62% de los lugares de detención disponibles en la provincia se encuentran completos o con sobrepoblación, y el restante porcentaje con incapacidad real recibir nuevos detenidos”.

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Además, considera “que los nuevos ingresos a las unidades de detención aumentan las condiciones de insalubridad y en algunos casos añaden factores de violencia intercarcelaria, circunstancia que -de llegar a prolongarse- podrían afectar aspectos esenciales de las condiciones de encierro”.

En el decreto, el Gobierno acepta que “gran parte de la población carcelaria se encuentra alojada en Comisarías, circunstancia que implica un deterioro de las condiciones de infraestructura que no fue prevista originariamente para tal fin”, y admite que “esta situación también da lugar a la promoción de acciones judiciales, teniendo en cuenta que podrían limitarse o conculcar derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y consecuentemente el agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención”.

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