Marine Le Pen deberá devolver 300.000 euros a la Eurocámara

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este martes la decisión del Parlamento Europeo de exigir a la líder del Frente Nacional Marine Le Pen la devolución de unos 300.000 euros destinados a la contratación de una asistente por no haber demostrado que dicha ayudante hubiera trabajado realmente.

El caso se remonta a diciembre de 2016, cuando la Eurocámara estimó que entre 2010 y 2016 se había abonado indebidamente un importe de 298.497,87 euros en concepto de gastos de asistencia parlamentaria en favor de Le Pen y que ésta debía devolver dicha cifra.

La suma correspondía a los pagos que el Parlamento Europeo había efectuado por una colaboradora contratada como asistente por la líder del Frente Nacional, pero la Eurocámara acusó a Le Pen de no haber aportado pruebas de que sea asistente local hubiese desarrollado una actividad vinculada de modo “efectivo, directo y exclusivo” a su mandato parlamentario.

En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo ha desestimado todas las alegaciones expuestas en el recurso presentado por Le Pen y ha confirmado la decisión que tomó el Parlamento Europeo.

En especial, el Tribunal General de la UE ha determinado que Le Pen “no ha logrado demostrar que su asistente realizara efectivamente tareas para ella”, al tiempo que ha subrayado que “no ha aportado pruebas de que la asistente parlamentaria desarrollara ningún tipo de actividad en concepto de asistencia parlamentaria”.

Más concretamente, el TUE ha apuntado que Le Pen no ha presentado ninguna prueba que demuestre que recibió asistencia directa de su asistente en los locales del Parlamento Europeo, puesto que “la mera presencia de ésta última en dichos locales -alegada pero no demostrada– no constituye una prueba suficiente”.

Además, la Justicia europea remarca que no se violaron los derechos de defensa de Le Pen en el proceso y que la posibilidad de que la Eurocámara decida recuperar cantidades indebidamente abonadas en concepto de gastos de asistencia parlamentaria “no atenta contra la independencia de los eurodiputados”.

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Por último, el Tribunal General de la UE ha concluido que Le Pen no ha recibido un trato “discriminatorio y tendencioso” porque “no ha aportado ninguna prueba que permita afirmar que el Parlamento sólo haya abierto procedimientos similares contra los eurodiputados del Frente Nacional”.

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