viernes 29 de marzo de 2024
14.9ºc Comodoro Rivadavia

Aborto legal, Seguro y Gratuito, la historia del proyecto en el Congreso

jueves 14 de junio de 2018
Aborto legal, Seguro y Gratuito, la historia del proyecto en el Congreso

La iniciativa que impulsa la Campaña por el Aborto legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a un importante colectivo de organizaciones sociales, fue presentada por primera vez en 2006 y sólo pudo debatirse a nivel de comisión en cuatro oportunidades, siempre impulsada por legisladores opositores al Poder Ejecutivo. El debate se da tras once años en los que hubo varios intentos frustrados para discutir el proyecto en el Congreso.

En esas oportunidades -2011, 2012, 2014 y 2016-, el proyecto perdió estado parlamentario sin que prosperara el debate ni llegara al recinto. Al inaugurar el período de sesiones ordinarias de 2018, el presidente Mauricio Macri dio luz verde al tratamiento del proyecto en una reunión con los jefes parlamentarios del bloque oficialista. Tras escuchar a 738 oradores que expusieron a lo largo de las 15 audiencias abiertas que se desarrollaron desde el último 10 de abril, el debate culminó este martes con la firma del dictamen que, desde este mediodía, es tratado en el recinto de sesiones desde donde pasará al Senado en caso de lograr aprobación.

En un escenario de extrema paridad a partir de un repentino cambio de tendencia en el conteo preliminar de votos, el proyecto de despenalización del aborto recibió ayer dictamen favorable en la Cámara de Diputados y hoy se definirá su suerte en el recinto.
Durante el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Legislación General, Salud y Familia, el proyecto que legaliza hasta la semana 14 de gestación la interrupción voluntaria del embarazo se impuso en cantidad de firmas sobre el dictamen de rechazo que impulsan sus detractores.

Fueron 64 firmas contra 57, una diferencia que no necesariamente es trasladable a la correlación de fuerzas en el recinto, pero que le da al proyecto de aborto legal un envión muy significativo de cara a un debate histórico, cuyo comienzo está previsto para las 11:00.

Fueron la diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti y la camporista Mayra Mendoza las encargadas de fatigar los pasillos de la sala del anexo para garantizar las rúbricas.

“Hemos tenido un debate respetuoso, tolerante, en paz. Le pedimos a todos los que se manifiesten mañana que sigan el ejemplo de los que hicimos este debate. Esperemos que mañana tengamos una sesión en paz. El espacio público es de todos”, afirmó el presidente de la comisión de Legislación Penal, Daniel Lipovetsky, quien moderó el debate del plenario que se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados.

Minutos antes, la radical Brenda Austin había hecho lectura del dictamen de consenso, que incorporó los cambios anunciados en los últimos días (por ejemplo la regulación de la objeción de consciencia) y que permitió conquistar algunos votos indecisos.

El dictamen, de 22 artículos, garantiza el derecho de las mujeres o personas gestantes al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

En el artículo 3, se fijan las excepciones por las cuales no correría ese plazo: por violaciones, ante riesgo de vida o de la salud de la persona gestante, o ante el diagnóstico de “inviabilidad de vida extrauterina del feto”.

El plazo máximo previsto en el artículo 7 para acceder a la interrupción del embarazo en el sistema de salud es de cinco días corridos desde su requerimiento.

Por el lado de los detractores del proyecto, la titular de la comisión de Salud, Carmen Polledo, anunció que el sector autodenominado “pro vida” reunió 581.000 firmas en contra de la legalización del aborto, en tanto que la riojana Karina Molina leyó los fundamentos del dictamen de rechazo. “La única solución que proponen para las desigualdades e injusticias que describen es el aborto, con un claro mensaje para quienes se enfrente a su propuesta: ´Si no aceptás el aborto, aceptás la muerte de las mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad´. Una especie de elección obligada entre uno y otro sin posibilidad de opción por ambos”, expresó.

La diputada macrista aseguró que “la cifra de 500 mil abortos está sobreestimada y faltan datos serios y confiables sobre la cantidad de abortos que se realizan en Argentina, de modo que no puede esgrimirse dicha cifra como principal motivación para una decisión en la que están en juego valores tan decisivos”.

El debate en torno al aborto llegó al recinto en medio de fuertes cabildeos por parte de la Iglesia y de sectores allegados, como también de agrupaciones que militan en pos de una despenalización, los que se movilizaron frente al Congreso a la espera de la votación en medio de un importante operativo de seguridad.

A continuación, los puntos principales del proyecto de despenalización del aborto:

– Se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el sólo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.

– Fuera del plazo dispuesto, se podrá acceder cuando el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de la salud interviniente; si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante; o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

– La mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.

– Si se tratara de una adolescente, niña o persona gestante menor de 16 años, el procedimiento se debe realizar con su consentimiento informado y conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el artículo 7° de su decreto reglamentario 415/06. Debe respetarse el interés superior del/a niño/a o adolescente y su derecho a ser oído.

– Realizada la solicitud, el establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que lo requieran información adecuada; atención previa y posterior de carácter médica, social y psicológica; y acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) y en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

– Las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización del aborto sin ninguna autorización judicial previa y no pueden imponer requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso. En el caso excepcional de ser necesaria la derivación a otro establecimiento, la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse en el plazo establecido de cinco días, siendo responsable de la efectiva realización el establecimiento derivante.

– Objeción de conciencia. El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.
Además, cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.

– Todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliadas o beneficiarios independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda y estas prestaciones quedan incluidas en el PMO, como así también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

– El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población.

Te puede interesar
Últimas noticias