Cisterna, Oca, Carpintero y Mussante seguirán en la cárcel

Los abogados pretendían sacarlos de prisión, pero no tuvieron éxito ayer en la audiencia de revisión que hubo en el Superior Tribunal de Justicia en Rawson. En la causa de “El Embrujo” se sumaron cinco nuevos imputados que seguirán en libertad.
Trelew (Agencia) Víctor Cisterna, Pablo Oca y Gonzalo Carpintero Patterson; los principales imputados en la causa de “las coimas” y el manejo espurio de fondos del Estado, durante el Gobierno del extinto Mario Das Neves; seguirán presos hasta dentro de seis meses, al igual que el expresidente de Vialidad, Patricio Mussante. Así lo reafirmaron ayer dos jueces distintos al que les dictó la prisión preventiva, en una audiencia en donde los abogados habían pedido que se les revisara las medidas pretendiendo sacarlos de la cárcel.

Los otros procesados, los empresarios Daniel Russo y Juan Salaverry continuarán detenidos en sus domicilios durante tres meses –tal como había fallado el juez Sergio Piñeda– y les denegaron la posibilidad de salir a trabajar.

En este sentido, fue un día negativo para las defensas en la audiencia que se celebró en las instalaciones del Superior Tribunal de Justicia en Rawson. Aunque los fiscales no tuvieron éxito en querer meter presos a los empresarios Juan Carlos Villegas –del que se habían olvidado la semana pasada al solicitar las prisiones preventivas– y Esteban Torraca que continuará con prisión domiciliaria, tal como lo dispuso el juez Piñeda.

Villegas que es de Trelew, seguirá encausado pero en libertad por ese extraño olvido de los acusadores que terminó beneficiándolo. Y el comodorense Torraca seguirá preso en su casa hasta dentro de tres meses y con derecho a salir para trabajar pese a que los fiscales intentaron ayer que los jueces José García y Mirtha Moreno modificaran el dictamen del doctor Piñeda, solicitando prisión para él de efectivo cumplimiento.

“El Embrujo”

En el día de ayer y tal como ya estaba previsto se sumaron cinco nuevos imputados en la causa “El Embrujo”, la que tiene preso –entre otros– a quien fuera secretario privado de Das Neves, Diego Correa, imputado de ser el cabecilla de una “asociación ilícita” que tenía su base de operaciones en la mismísima Casa de Gobierno.

Así las cosas, en una audiencia de apertura de investigación que se celebró sobre el filo del mediodía, también, en las instalaciones del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, quedaron  imputados y a la vez se les inhibieron todos su bienes: Jorge Godoy, Rubén Reinoso, Cristian Gisande, Darío Correa (hermano de Diego) y Giuliana Mc Leod (cuñada del exfuncionario).

Los cinco, según la acusación de los fiscales Omar Rodríguez y Alexis Williams, se encuentran involucrados con distintos “cargos” en las maniobras ilícitas que investiga el Ministerio Público Fiscal en relación a la compra de dos costosos vehículos con dineros del Estado, presuntamente mal habido, mediante la creación de dos empresas fundadas por Diego Correa.

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Por su parte dos exfuncionarios se encuentran involucrados como parte de las maniobras para abonar con dineros del estado reparaciones sobrevaluadas de viviendas oficiales por parte de dos empresas creadas para ese fin.

El último de los imputados, el maestro mayor de obras Jorge Godoy está relacionado con la construcción de una costosa vivienda de dos plantas con pileta de natación y tres dúplex, en un predio de Playa Unión. Se le imputa el delito de “enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe necesario”.

Según ese mismo detalle: a Giuliana Mc Leod (cuñada de Diego Correa) y a Darío Correa (el hermano) se les imputó el delito de “partícipes necesarios de defraudación en contra de la administración pública” por el traspaso de la propiedad de dos costosos vehículos adquiridos presuntamente de manera ilícita por el grupo.

Por su parte a los exfuncionarios del área de viviendas oficiales; Rubén Reinoso y Cristian Gisande, se les atribuye el delito de “defraudación a la administración pública en carácter de coautores”, por las maniobras realizadas en la reparación de viviendas oficiales a nombre de empresas creadas por la organización presuntamente delictiva encabezada por Diego Correa, con el fin de hacerse de dineros del Estado provincial.

Los fiscales no pidieron prisión para estos cinco, seguirán procesados en libertad y con la inhibición de sus bienes, tal como lo pidieron dos de las querellas que participan en el proceso.

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