Brasileños temen criminalización de ocupación de viviendas

“Desde el derrumbe del edificio, los órganos públicos intentan culpabilizar a las víctimas”, aseguró el abogado de la Unión de los Movimientos por Vivienda.
Luego del derrumbe del rascacielos Wilton Paes de Almeida en Sao Paulo (Brasil) el pasado 1 de mayo, las autoridades del país brasileño amenazaron con emprender acciones en contra del Movimiento por la Vivienda Digna, el cual se encarga de gestionar la ocupación de edificios vacíos para proveer de viviendas a quienes no cuenten con una.

Los movimiento populares temen que las ocupaciones sean criminalizadas y que se abra un precedente que conlleve a una serie de desalojos que dejaría a muchas familias brasileñas sin hogares.

El derrumbe de este edificio ha puesto en evidencia la falta de políticas del Gobierno del presidente Michel Temer para que los ciudadanos de ese país tengan acceso a un hogar.

De acuerdo con las declaraciones del gobernador, Márcio Francia, vivir en ocupaciones era “buscar apremio” y que hay que “convencer a la gente para no morir de esa manera”.

Por su parte, el abogado Benedito Roberto Barbosa, miembro de la Unión de los Movimientos por Vivienda (UMM), considera que desde el derrumbe del edificio los órganos públicos intentan culpabilizar  a las víctimas.

De acuerdo con la apreciación del investigador Luiz Kohara, del Centro Gaspar García de Derechos Humanos y de la UFABC, los organismos públicos se eximieron de la responsabilidad de la tragedia.

El mandatario brasileño puso fin al programa habitacional “Mi Casa, Mi Vida” en un país con al menos seis millones de personas sin hogar.

Este programa de viviendas se inició en Brasil gracias a la iniciativa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), el cual fue diseñado para facilitar el acceso a casas para familias de bajos ingresos.

Según la Secretaría Municipal de la Vivienda, el déficit habitacional de la ciudad de São Paulo podría resolverse sin que las familias tuvieran que abandonar la región central de la ciudad con solo adaptar 400 mil viviendas en los edificios abandonados o sin función social.

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