Seis meses de prisión preventiva para cinco de los detenidos y un mes para el restante

Lo resolvió la jueza penal Mariel Suárez luego de considerar las múltiples imputaciones que el Ministerio Público Fiscal les hiciera a los seis detenidos en los 59 allanamientos efectuados el jueves. A pesar de los planteos de las respectivas defensas cinco de los imputados deberán cumplir seis meses de prisión preventiva y uno que no tiene antecedentes solo un mes. Es que los restantes tienen condenas en suspenso e incluso uno de ellos está con libertad condicional.
Los seis imputados se identificaron ante el Tribunal como Víctor Hugo Alcaina (38), su hijo Agustín Alcaina (20), Javier Andrés Painemal (19), Diego Ezequiel González (19), Leonardo Daniel Heredia (19) y Carlos Navarro (19). Al inicio de la audiencia la Fiscalía representada por el fiscal jefe Juan Carlos Caperochipi, la fiscal general Andrea Rubio y el funcionario Cristian Olazábal detallaron el primero de los hechos que condujo a los seis restantes, hechos graves de mucha violencia que fueron perpetrados desde febrero de este año en adelante.

Caperochipi detalló cómo esa madrugada del 31 de diciembre de 2017 Painemal, Heredia y Agustín Alcaina recorrían las inmediaciones de la escribanía Reigada a bordo del VW Cross Fox, propiedad de Alcaina. Los fiscales mostraron imágenes de las cámaras de seguridad que los muestran dando vueltas en el auto primero y luego descendiendo y forzando la puerta del edificio. De allí se fueron llevándose 6.700 dólares, una cámara fotográfica y una máquina contadora de billetes. Pero poco después se los ve regresar alrededor de las 3 de la madrugada, esta vez con Víctor Alcaina que trae un bolso.
La Fiscalía sostiene que allí cargaba una amoladora con la que violentaron dos cajas fuertes de las que se llevaron 1.358.400 pesos, 4.000 dólares, 18.000 pesos más y un arma de fuego. Por este hecho la Fiscalía les imputó el delito de “robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y por efracción”.

A partir de este hecho y contando con las imágenes que la Brigada de Investigaciones pudo recolectar, con testimonios de las víctimas y de testigos, además del testimonio anónimo de una mujer que dice tener información sobre el robo millonario en el centro y que el autor sería su vecino Alcaina que recientemente había comprado un auto, solicitan autorización para intervenir los teléfonos de los sospechosos, como medio para poder localizar el destino que se le dio al dinero robado.

Las escuchas telefónicas y el circuito de las armas
En este punto Olazábal explicó que tenían la hipótesis que estaban ante una banda organizada, con una gran cantidad de personas y que por lo tanto las escuchas serían fundamentales para el recupero de lo robado. La jueza autorizó las escuchas telefónicas y así se pudo establecer el circuito de las armas, y se los pudo vincular con varios otros delitos. “Con estas escuchas se estableció la participación de los detenidos. Hay abundante prueba para producir” sostuvo Rubio.
Los fiscales también destacaron la gran cantidad de elementos secuestrados en los 59 allanamientos, los que aun no fueron procesados ni incorporados a la causa. Seis son los hechos que se le imputaron, algunos particularmente violentos.

“Las escuchas violentan la intimidad de mis defendidos”
A su turno el defensor Guillermo Iglesias que asumió la defensa de los Alcaina, de Heredia y Painemal planteó la nulidad de los hechos señalando que las escuchas telefónicas “violentan la intimidad de sus defendidos” y sostiene que si ya estaban identificados por qué no se les imputó el hecho del robo a la escribanía y se esperó todo este tiempo. A este planteo que adhirió la defensora oficial María de los Ángeles Garro que defendía a Navarro, la Fiscalía se opuso y finalmente la jueza Suárez no hizo lugar.
Otro de los hechos que Iglesias discutió es la calificación por efracción por entender que no se da en este caso, pero la defensa lo refutó citando jurisprudencia que sí lo admite.

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Ruedas de reconocimiento y apertura de celulares

La Fiscalía le solicitó al tribunal que autorice una rueda de reconocimiento para los detenidos Heredia, González, Alcaina y Painemal, a lo que la defensa se opuso, pero finalmente la magistrada autorizó.
En este punto Olazábal pidió que se le secuestrara la campera que llevaba puesta González por ser la misma con la que se lo veía en una de las filmaciones a lo que Suárez accedió. Andrea Rubio pidió la apertura de cuatro celulares que habían sido secuestrados a la familia Alcaina y un DVR y a pesar de que Iglesias pidió expresamente que se abrieran solo los de Hugo Alcaina y su hijo, la Fiscalía argumentó que de las investigaciones y las escuchas se desprende que todos utilizaban los celulares de cualquiera de la familia por lo que pidió la apertura de los cuatro celulares y del DVR, que la jueza ordenó.

Seis meses de prisión preventiva

El pedido de la Fiscalía se basó principalmente en el peligro de entorpecimiento sosteniendo que aún queda controlar abundante prueba, que hay testigos que podrían ser amedrentados y que a estas alturas hay elementos de convicción suficientes como para tenerlos como probables autores de los hechos que se les imputan.
También se refirieron los fiscales al peligro de fuga, principalmente de Alcaina, quien estando con una condena en curso y con libertad condicional pidió autorización para viajar con su familia a Brasil y que la justicia no le dio. No obstante de todos modos se fue. Reforzaron esto con las penas en expectativa que todas superan los tres años y serán de cumplimiento efectivo. Por todo esto pidieron seis meses de prisión preventiva para los Alcaina, Painemal, Heredia y Navarro y un mes para González que no tiene antecedentes penales.

A su turno los defensores se opusieron a estas medidas. Iglesias destacó el arraigo de sus defendidos, que fueron detenidos en sus domicilios. En cuanto al peligro de entorpecimiento dijo que aún quedan medidas pendientes y que esto se puede cautelar con medidas sustitutivas como presentaciones regulares y prohibición de acercamiento. Garro también se opuso a la prisión preventiva de Navarro y señaló que la Fiscalía solo cuenta con filmaciones en las que no se puede asegurar que sea su defendido.

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