Crisis sanitaria en Colombia por el arribo de miles de venezolanos con enfermedades que estaban erradicadas

Reaparecieron el sarampión y la difteria, entre otras afecciones agudizadas por la desnutrición de los migrantes.
A diario, 37.000 venezolanos huyen de la crisis humanitaria que los tiene sin medicamentos, sin vacunas y sin, ni siquiera, atención primaria; y pasan a Colombia buscando suplir estas necesidades. La situación, teniendo en cuenta que es la inmigración más grande en la historia del país, supone un problema de salud pública. El sarampión y la difteria, por ejemplo, se consideraban casi desaparecidas del territorio colombiano, y ahora han vuelto a generar una fuerte presión en el sistema de salud.

Hasta diciembre de 2017, el Gobierno Nacional y la Organización Internacional de Migraciones (OIM) registraban unos 600.000 venezolanos en Colombia. Aunque estimaciones de Migración Colombia hablan de 800.000 personas hasta el día de hoy. En realidad, podrían ser muchos más si se tienen en cuenta los cerca de 280 pasos ilegales a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera.

La mayoría de los inmigrantes que llegan para quedarse son de poblaciones pobres. Muchas llegan desnutridos -sobre todo los más pequeños-, con enfermedades epidémicas o proclives a ellas y requiriendo servicios de salud. Precisamente, el caso de mayor atención hasta el momento es el del sarampión. En el país se han presentado cinco casos de niños con la infección provenientes de Venezuela. Así lo explica Julián Fernández Niño, doctor en epidemiología experto en procesos de migración.

“El foco de atención está centrado en el sarampión porque, aunque su gravedad no es alta, sí es muy contagioso. Pero los casos registrados en Colombia son importados. Eso quiere decir que son niños, especialmente menores de 2 años, que adquirieron la infección en Venezuela y fueron detectados acá. Esta situación es normal en los fenómenos de migración alrededor del mundo. En todo desplazamiento humano existe la posibilidad de un incremento de transmisión de enfermedades. Por ejemplo, en los mundiales de fútbol, donde se congregan personas provenientes de muchas nacionalidades, se realizan controles de epidemia para evitar eso”.

En Colombia, el sarampión no es una enfermedad mortal, pero en Venezuela su letalidad va en aumento, más en un contexto de desnutrición y falta de vacunación y medicinas. En zona del Delta del Orinoco, por ejemplo, la mortalidad de la enfermedad llega al 50%, cuando en el resto del mundo no supera el 3%. Allá han muerto 26 niños indígenas waraos por esta causa desde el mes de febrero. Y un informe publicado en marzo por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registra que se han presentado unas 886 personas con la infección.

Pero el sarampión no es el único reflejo de la crisis de salud de Venezuela que se ha visto en Colombia. La OPS confirmó la reaparición de la difteria en el vecino país, tras 20 años. Desde julio de 2016 y hasta este año, han reportado 969 casos que han dejado 113 víctimas. A Colombia ya llegó el primero, aunque el Ministerio de Salud ha aclarado que no se trata de un caso autóctono, pues desde hace 15 años no se presenta uno en territorio nacional.

“Muchas personas, sobre todo niños, están ingresando sin vacunación a Colombia. Lo que constituye un riesgo para la transmisión de algunas infecciones con potencial de brote. Pero ahí tenemos algo a nuestro favor: un muy buen sistema nacional de vigilancia para detectar casos tempranos; y excelentes coberturas de vacunación, por encima del 95% en casi todo el territorio nacional. Si nosotros estamos vacunados, el riesgo es mínimo. Pero, hay asentamientos de venezolanos donde puede haber trasmisiones entre ellos mismos, o con colombianos de zonas marginales”, aclara Fernández.

Fuera del sarampión y la difteria existen otras enfermedades o patologías que podrían significar un brote epidémico, por las mismas razones. La malaria, por ejemplo, y otras infecciones transmitidas por mosquitos. Hace al menos 20 años estaba casi erradicada en Venezuela, no se superaban los 23.000 casos. Pero en su informe, la OPS confirmó 319.765 casos . Y se le suma también la incidencia del VIH, cuyos tratamientos tendrían un alto costo para el sistema de salud colombiano.

“Además de eso, existe alerta por el riesgo de que enfermedades de la infancia, como la rubeola, emerjan luego de estar casi erradicadas. Y de riesgo de tuberculosis, siempre asociado a fenómenos de migración. Asimismo, en los asentamientos venezolanos, por las condiciones de vida, se forma acumulación de agua que sirven de criaderos para mosquitos como el Aedes Aegypti, trasmisor del dengue, chikungunya y sika. Sabemos que algunas infecciones de estas, exactamente el chikungunya, van a volver, por lo que tenemos que estar preparados para entonces”, afirma Fernández Niño.

Sin embargo, como lo ratifica el también docente de Salud Pública de la Universidad del Norte que adelanta un estudio sobre los efectos en la salud de la inmigración masiva de venezolanos, este es un debate humanitario. Bajo los acuerdos internacionales suscritos por Colombia, los migrantes tienen todos los derechos de cualquier ciudadano (excepto políticos). Desde esa perspectiva, no se puede negar la atención médica a ninguno, aunque signifique un riesgo para el sistema de salud.

Por eso el Instituto Nacional de Salud ha construido una estrategia de contingencia, primero haciendo seguimiento y vigilancia a enfermedades de interés en salud pública, sobre todo en zonas de frontera, como las transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti (zika, dengue, chikunguña, malaria), VIH, infecciones respiratorias y, por supuesto, el sarampión y la difteria. El plan también contempla inversión en urgencias hospitalarias y actividades de promoción y prevención; incluyendo control prenatal y jornadas de vacunación.

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Las gestantes son un foco principal para las autoridades, pues solo el año pasado se atendieron 1.700, de las cuales el 70% fueron para partos vaginales o cesáreas, y poco menos del 30% para legrados o abortos espontáneos. Esto quiere decir que no hay asistencia de controles prenatales. “No hay que ser tan catastróficos, pero sin duda hay un riesgo de financiamiento para el sistema de salud. Ahora solo se financian urgencias. Si tenemos pacientes crónicos que no son atendidos, a la larga van a salir más caros los tratamientos cuando el cuadro médico se complique”, advierte Fernández.

Solo en 2017, según datos del Ministerio de Salud, fueron atendidos 24.727 inmigrantes venezolanos, una cifra muy superior que la de 2016, donde se atendieron por urgencia 4.258. Estimaciones de la cartera indican que en los próximos tres años la población atendida representará un presupuesto de 18.466.604 dólares; es decir, 5.909.313 anuales. El dinero será dispuesto en zonas de frontera para la atención de gestantes, de niños y de patologías como VIH, tuberculosis, enfermedades transmitidas por vectores (leishmaniasis, changas), crónicas, mentales y desparasitación.

Presiones al sistema de salud

Todos estos requerimientos extras generan una gran presión al sistema de salud colombiano, como ha sido advertido por varias organizaciones nacionales e internacionales. Como Amnistía Internacional Américas que ha hecho un llamado de urgencia al gobierno de Nicolás Maduro que se niega a aceptar el problema.

Ello, teniendo en cuenta la crisis financiera que hace años presenta el sistema de salud colombiano, que acumula un déficit de uno 8 billones de pesos, y con las exigencias del fenómeno de inmigración esto sigue creciendo. En los últimos cuatro años ha aumentado un 33% el uso de servicios de salud por persona, de acuerdo con cifras oficiales.

La masiva inmigración de venezolanos representa un costo para el fisco colombiano en términos de mayores requerimientos de servicios de salud. “Nuestros cálculos sugieren que, si se tratara de unos 200.000 inmigrantes a ser atendidos por el sistema de salud, a un costo de la mitad de la UPC (Unidad de pago por capitación), ello representaría unos $72.000 millones/año (0.007% del PIB adicional)”, indicó la Asociación Nacional de Instituciones Financiera (Anif).

A eso se le agrega la cantidad de venezolanos que no están afiliados a ninguna EPS pública ni privada, que son menos del 2% del total que se encuentra en el país. Solo hay 8.780 inmigrantes inscritos, el 93% en el régimen contributivo (8.220) y el resto en el subsidiado (560). De los aportantes, el Gobierno recibió 55,4 dólares por cada persona desde agosto de 2017 hasta febrero de 2018. Pero el valor de las personas subsidiadas es mayor: 68,7 dólares cada uno.

Este déficit ya se ha manifestado en la operación de algunos centros de salud. Hace un mes el Hospital Universitario del Caribe indicó que el incremento de pacientes venezolanos que llegan cada día ha generado una facturación de 591.173 dólares, de los cuales le adeudan 443.380 dólares. Precisaron que en 2017 se firmaron autorizaciones para atención a 948 extranjeros, de los cuales 920 (97%) son inmigrantes del país vecino; y de esos el 71% son mujeres embarazadas.

Una situación similar padece el Hospital Erasmo Meoz, el principal de la red pública del departamento de Norte de Santander, que por cuenta de las urgencias de extranjeros han facturado 3.694.536 dólares, y todavía el Ministerio de Salud no le ha girado el dinero; que el año pasado envió el mismo monto como adicional para contrarrestar la llegada de los inmigrantes.

En La Guajira, otro paso fronterizo con Venezuela, sucede lo mismo. A Riohacha y Maicao llegan los inmigrantes más pobres, que ni siquiera tienen como trasladarse a otras ciudades del país, y han creado invasiones en las inmediaciones de los pasos, o se asientan en parques y zonas públicas sin suplir las necesidades básicas. Entre 2016 y 2017, la red púbica del departamento ha facturado 2.549.229 dólares por cuenta de pacientes venezolanos.

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