Iturrioz: “Las penas previstas para los funcionarios públicos son muy bajas”
Lo afirmó ayer a Crónica el fiscal general Héctor Iturrioz al referirse al juicio contra los exintendentes Martín Buzzi y Néstor Di Pierro por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con desobediencia judicial”. El fiscal dijo no sentirse condicionado al tener que investigar a exfuncionarios. “Si la causa tiene éxito será por las múltiples impugnaciones que presenté”- aseguró.
La causa en la que se investiga a los exintendentes Buzzi y Di Pierro es una causa muy grande y muy compleja que lleva muchos años y que el fiscal general Héctor Iturrioz lleva adelante desde 2014. “No voy a dejarla acá, voy a estar en ese debate”- le adelantó a Crónica el magistrado, a propósito de su reciente nombramiento para una investigación en Rawson. “El juicio empezaba este lunes que viene pero hubo unos defectos en las notificaciones y, como el exintendente Buzzi no va a estar en la ciudad, otra vez se demoró. Espero que en la fecha puesta para el próximo 25 de abril se haga, porque se tiene que hacer”.
Cabe mencionar que esta causa ya había avanzado por toda la etapa de investigación desde la audiencia de apertura y había pasado la acusación y la audiencia preliminar en la que ya se había fijado la fecha para la audiencia de juicio. “El día que nos sentamos para iniciar el juicio” -explicó Iturrioz- “la defensa dijo que era todo nulo porque los imputados Buzzi y Di Pierro no habían estado en la audiencia de apertura. Pero en realidad estuvieron por mandatario ya que -como lo habilita el Código- estaban representados por sus respectivas defensas. La defensa planteó esto y el juez (Alejandro Soñis) dijo que todo era nulo y que vuelva todo a foja cero cuando la causa estaba lista para iniciar el juicio. Yo no acepté esa decisión del juez y la impugné, sabía los riesgos que corría porque el STJ tarda mucho en resolver las causas, pero era eso o dejar morir la causa”.
La resolución del STJ llegó en los primeros días de marzo cuando revocó la resolución del juez Soñis y mandó a llevar adelante el juicio contra los exintendentes. “No es una causa cualquiera” –puntualizó el fiscal. “Nunca me sentí condicionado para investigar a exfuncionarios. En lo absoluto. Hablo por mi actuación, no sé cuantos fiscales hubieran llevado a los exintendentes a juicio y yo hice mi máximo esfuerzo para lograrlo. Si esta causa sigue vigente es por las impugnaciones múltiples que he realizado. Si tiene éxito será por mi propio esfuerzo y no por nadie más”- aseguró.
“Las penas previstas para los funcionarios públicos son muy bajas”
Con respecto a la sentencia ya dictada por el Tribunal de Cuentas que les ordena pagar algo más de tres millones de pesos de sus propios bolsillos, dijo que “esta sentencia refiere solamente a la responsabilidad patrimonial, que nada tiene que ver con la causa penal. Pero esto se puede valorar en caso de que haya condena, que creo que va a haber para valorar la extensión de la pena. Si bien las penas predispuestas en el Código Penal para los funcionarios públicos son bajas -personalmente lo pienso así- la pena máxima en estos casos es de dos años de prisión, lo que me parece poco por la extensión del daño causado. También se puede pedir el doble, cuatro años de inhabilitación absoluta para ejercer los cargos públicos”-. Lo que sin duda complicaría mucho el futuro político de ambos imputados.
