Una fuerte apuesta de cara a 2019: convertir en propietarios a los habitantes de las villas

El gobierno de Macri enviará en los próximos días un proyecto de ley al Congreso que se convertiría en el primer paso para la urbanización de más de 4 mil villas en toda la Argentina.

No es el kirchnerismo, ni el peronismo que intenta hallar el camino hacia su renovación, ni la izquierda, ni la guerrilla mapuche con lazos internacionales en el Kurdistán, Irlanda y las FARC que hasta no hace mucho tiempo el oficialismo presentaba como la gran amenazaba a la integridad del territorio nacional. No. El principal enemigo que Mauricio Macridebe enfrentar de cara a las elecciones presidenciales del próximo año es la creciente convicción popular de que el suyo es “un gobierno de ricos para ricos”.

Así lo demuestran todas las encuestas y esa idea se instala cada vez más a pesar de los esfuerzos de Jaime Durán Barba por tapar con globos y mensajes new age el aumento del desempleo, la caída del poder adquisitivo del salario, la precarización del mercado laboral y la desbandada de la inflación.

Por eso el anuncio de este miércoles por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, es la gran apuesta del macrismo para revertir esa imagen.

Según publicó en su edición de este miércoles La Nación, el gobierno de Macri presentará en los próximos días un proyecto de ley para expropiar las tierras donde se levantan 4.228 asentamientos precarios en todo el país y otrogarles el título de propiedad a sus actuales habitantes.

De acuerdo a lo que explicó Stanley, éste será el primer paso para avanzar en la urbanización de esas villas en las que viven 3,5 millones de personas.

De la totalidad de las tierras ocupadas el 61% pertenece a propietarios particulares, el 7% son terrenos fiscales provinciales, el 13% pertenecen a municipios y se desconoce la propiedad del 13% por no existir información catastral.

“Es la transformación más profunda del trabajo que venimos haciendo con las familias más vulnerables” aseguró Stanley

La provincia de Buenos Aires será el distrito más beneficiado ya que casi la mitad de los asentamientos relevados se encuentran allí, en el Gran Buenos Aires principalmente.

El relevamiento demandó un año y medio y fue llevado adelante por la organización Techo, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Cáritas y los organismos oficiales Anses y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Una vez aprobada la ley, el Gobierno estaría en condiciones de emitir un certificado de propiedad lo que les permitiría a los ocupantes de esos inmuebles fijar un domicilio. Una vez finalizado el trámite se otorgará el título de propiedad.

La gran incógnita es cómo reaccionarán los miles de propietarios particulares que viene reclamando hace años en la justicia por sus terrenos ocupados y jamás obtuvieron respuesta.

En el gobierno descuentan que habrá resistencia y anticipan tres variables: los que cansados de reclamar ante la Justicia por terrenos usurpados desde hace años acepten la oferta; los propietarios que decidan donar las propiedades a cambio de la condonación de deudas por el pago de impuestos y los que rechacen la norma y judicialicen el tema.

“Esto puede demorar años”, admitieron en el Gobierno.

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