El proyecto del nuevo Código Penal prevé severas sanciones por la filtración de escuchas telefónicas judiciales

En el borrador que ayer acordó una comisión especial, se contempla la prisión de más de 10 años para aquellos funcionarios judiciales o de inteligencia que entreguen escuchas.

En medio del arduo debate por la aparición en los medios de las escuchas judiciales realizadas a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, la comisión especial que se encarga de elevar un proyecto de reforma del Código Penal incluyó severas penas a los funcionarios o agentes de inteligencia que filtren o den a conocer públicamente esa información de causas judiciales.

Según el borrador del proyecto de ley del ambicioso proyecto de reforma al Código Penal que, con aval del Gobierno, se elevará en un mes al Congreso, los juristas y camaristas encargados de la elaboración de esa propuesta pusieron ayer el foco en el tema de las escuchas ilegales.

En la comisión reformadora del Código Penal que preside el camarista Mariano Borinsky hubo unanimidad de criterios para avanzar con los cambios al artículo 158 del código para que sea reprimido con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo al funcionario o empleado público que realice “acciones de inteligencia prohibidas”; al que, habiendo sido miembro de alguno de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional, realizare acciones de inteligencia prohibidas por las leyes enunciadas en el inciso anterior; el que, “participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la ley 25.520, indebidamente intercepte, capte o desvíe comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos”.

La redacción final del proyecto de reforma del Código Penal contempla las mismas penas al que comunique a otro, publique o haga publicar el contenido de las escuchas telefónicas.

“No habrá ninguna medida penal contra los periodistas o medios que publiquen una escucha telefónica porque la prensa no está contemplada en esta normativa ya que goza de plenas libertades en la Argentina. Pero sí se buscará especialmente a aquellos funcionarios que infrinjan la ley y filtren esas informaciones que llevan adelante los jueces”, aclaró ante Infobae uno de los miembros de la comisión redactora del nuevo Código Penal que ayer le llevó al ministro de Justicia, Germán Garavano, los avances de la iniciativa.

Por otra parte, la iniciativa contemplará una reforma al actual artículo 159 del Código Penal para imponer la prisión de dos a seis años y la inhabilitación especial por doble tiempo al que “con orden judicial, y estando obligado a hacerlo, omitiere destruir o borrar los soportes de
las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones”.

También estas penas de prisión están previstas para aquellos funcionarios que habiendo accedido en forma legítima a los soportes, copias o elementos relacionados con escuchas indebidamente comunique a otro su contenido.

Según explicaron miembros de la comisión reformadora del Código Penal, la intención es poner ciertos límites a las “conductas indebidas de funcionarios para evitar que empleados judiciales o de inteligencia hagan uso y abuso de una herramienta legal como es una escucha telefónica”.

La iniciativa de esta reforma del Código Penal va en línea con un proyecto de ley que ayer impulsaron un grupo de senadores peronistas para penar la filtración de escuchas judiciales. Esa iniciativa prevé hasta cuatro años de prisión y juicio político para jueces y fiscales que filtren escuchas. Esta iniciativa ya obtuvo dictamen unánime de la comisión de Justicia y Asuntos Penales y será debatido en el recinto de sesiones la próxima semana.

El proyecto original lleva la firma de los peronistas Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino, Carlos Espínola y Miguel Pichetto y obtuvo el respaldo de los legisladores de todas las bancadas.

No obstante, la propuesta reformadora del Código Penal parece más abarcativa y dura en términos de penas para erradicar las prácticas de filtración de escuchas telefónicas.

La comisión reformadora del Código Penal trabaja desde hace más de un año en la redacción de una profunda modificación y modernización de esta herramienta legal que se pondrá en debate legislativo dentro de un mes.

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