Causa por corrupción e incumplimiento de deberes de funcionario público en el IPV Comodoro Rivadavia

Días pasados, se suspendió una audiencia respecto de alguno de los imputados en la causa, ello para asegurar el derecho a defensa y planteos previos a la audiencia preliminar del caso a celebrarse el próximo miércoles 13 de junio del presente año. El estado procesal de la causa está con la acusación presentada, con pedido de elevación a juicio, a la espera de la celebración de la correspondiente audiencia preliminar, según información suministrada por el vocero de prensa del MPF.

En una de las últimas audiencias, el pasado 27 de septiembre de 2017, la jueza penal Mariel Suárez resolvió rechazar la suspensión de juicio a prueba para los imputados Antimilla, Medina Consoli y Leonori. Este rechazo fue impugnado por la defensa ante la Cámara Penal, y por ello la jueza resolvió suspender la audiencia para que se trate dicho recurso. Finalmente, la Cámara Penal anuló la resolución de la suspensión y ordenó que la audiencia se efectúe nuevamente ante otro juez, asignándose -por la Oficina Judicial- a Raquel Tassello, quien fija, de acuerdo a la agenda, la preliminar para el próximo 13 de junio. La fiscal Camila Banfi solicitó que se eleve la causa a juicio oral y público en contra de los coimputados: Abel Reyna, Darío Acosta, Claudia Leonori, Raquel Antimilla y Vanesa Medina Consoli.

Entrega irregular de viviendas

El hecho a investigar se produce cuando los imputados: Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Alejo Recalde, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, formaron parte de una estructura montada para adjudicar de manera ilegal, a personas y allegados que no reunían los requisitos, viviendas del IPVyDU. Asimismo, obtenían de los adjudicados, beneficios patrimoniales, específicamente nombró la asignación de las 81 viviendas del barrio Ciudadela. Realizaban, a discreción, una selección irregular de ciudadanos para consumar ilícitos. Reyna formaba parte de la banda en calidad de jefe y omitió cumplir con sus deberes de funcionario público y demás leyes que regulan la adjudicación o preadjudicación de viviendas en el Instituto Provincial de la Vivienda local. Asimismo, Acosta colaboró como organizador y coordinó con Reyna tareas con otros integrantes del IPVyDU local destinadas a adjudicar viviendas a personas que no reunían los requisitos para ello.

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